Por Emmanuel Delgadillo

Tania Contreras afirmó que el estado no aplazará la implementación porque ya eligió a todos sus juzgadores. También confirmó una investigación disciplinaria contra una jueza civil de la capital.

26 de octubre de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas iniciará en abril la implementación del sistema de oralidad en materia civil y familiar en Ciudad Victoria. La presidenta magistrada Tania Contreras señaló que el proceso continuará en el estado, aunque la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) ha solicitado cambios al calendario nacional.

Contreras explicó que la petición responde a que la mayoría de las entidades aún no ha completado la elección de sus juzgadores. En Tamaulipas, dijo, ya fue electa la totalidad de quienes integran el Poder Judicial.

“En el caso de Tamaulipas los juzgadores ya han sido electos, ya tenemos el 100% de los juzgadores, por lo que no se aplaza la implementación del sistema de oralidad.”

La aplicación comenzará en la capital y avanzará de forma gradual a las demás regiones. La magistrada sostuvo que el nuevo modelo puede agilizar los juicios y acercar la justicia a la población.

Más del 80 por ciento de los asuntos que atiende el Poder Judicial corresponden a las materias civil y familiar, según Contreras. Por esa proporción, consideró que la oralidad puede tener un efecto directo en los tiempos de resolución.

“Creemos que implementar ya el sistema de oralidad vendrá a ayudar a que los juicios sean más rápidos, más eficientes y más cercanos.”

La presidenta también confirmó que el Tribunal de Disciplina Judicial investiga una queja contra la jueza civil Liliana Puga, señalada por un presunto favorecimiento relacionado con un despojo. Indicó que se realizó una auditoría del expediente y que la instancia determinará si hubo alguna irregularidad.

“Se ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina. Se está haciendo la investigación y se ha hecho la auditoría en el expediente. Una vez que se determine si existió o no una irregularidad, se tomarán las medidas correspondientes.”

Contreras evitó adelantar qué se presume en el expediente porque la investigación sigue abierta. Añadió que el Tribunal recibe las quejas de las partes y revisa cada caso para establecer si hay indicios de una falta.

La magistrada informó que, durante el primer año, el Tribunal emitió más de 300 determinaciones sobre posibles irregularidades. Alrededor de ocho de cada diez quejas fueron declaradas infundadas, mientras que en cerca del 20 por ciento se determinó aplicar una sanción.

“Alrededor de ocho de cada diez se determinan infundadas. En aproximadamente el 20 por ciento, el Tribunal determina que existe una sanción aplicable.”

Sobre la posibilidad de separar a jueces de sus cargos, Contreras explicó que puede ocurrir ante evidencia de una irregularidad grave o como consecuencia de una resolución final. No ofreció detalles adicionales sobre el caso de la jueza investigada.