Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez

De manual ha sido la politización del caso Rómulo Garza, detenido por malversar compras millonarias como secretario de Bienestar Social de Tamaulipas, de 2019 a 2022, en el gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca. Son estrategias que utilizan los abogados para ejercer presión sobre jueces y favorecer a sus clientes, los inculpados. Ahí están los procesos de Dana Yanina, Karla Rosas y Christian de Jesús, muy sonados en el sur de Tamaulipas por la división de opiniones que causaron.

El objetivo de litigar en medios y redes sociales es justamente ese: meter a todo mundo a opinar, desorientarlo con medias verdades y crear la impresión de una injusticia. Es el paso que acaba de dar Rómulo N y que empieza a darle resultados. Eso no significa que sea inocente ni prueba la supuesta conjura que lo tiene en prisión.

En cuanto a esta columna, no adelantará juicios como hacen los simpatizantes panistas o el mismo Rómulo Garza, quien se ufana de ser objetivo cuando se autojuzga. Todos los detenidos o sujetos a proceso dicen lo mismo: son inocentes. Vamos a reflexionar, en cambio, sobre algunos pasajes que conectan a Rómulo Garza con las irregularidades descubiertas en el manejo de los apoyos sociales de la Sebien. Indicaremos los nexos y usted sacará sus propias conclusiones.

El exsecretario panista ha lanzado un audio grabado con inteligencia artificial y una denuncia penal para informar acerca de su situación legal; acusa fabricación de pruebas y privación ilegal de la libertad: “Me crearon carpetas de investigación sin que existieran los más mínimos elementos”. Pide en ésta el apoyo del gobernador Américo Villarreal y de la sociedad en general para recuperar su libertad. “Esto no es otra cosa que un secuestro disfrazado de prisión preventiva”.

Al mismo tiempo, circula una denuncia penal que presentó en contra de supuestos funcionarios estatales que lo habrían presionado para incriminar al exgobernador. Las 20 hojas del documento las compartió Ismael García Cabeza de Vaca, conocido como el hermano incómodo, en su cuenta de Facebook. A su debido tiempo, vamos a refrescar algunos recuerdos de este personaje.

Rómulo Garza Martínez está detenido desde el 17 de enero de 2025 por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades. Dichos actos están relacionados con un presunto desvío de 600 millones de pesos en la compra de despensas. Por este caso, se detuvo también al extitular de Administración, Jesús Alberto Salazar.

En la carta-audio que puso en circulación, el exsecretario afirma que la acusación de uso ilícito de facultades es falsa, ya que el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones autoriza la asignación directa de contratos, como sucediera con la compra de las despensas durante la pandemia del COVID-19. Sostiene que la Secretaría de Administración se encargó de todo el proceso de licitación y pagó, no la Sebien. “Mi responsabilidad sólo estuvo en solicitar, suficiente con saber leer, ya que en el contrato señala que quien contrata y adjudica es la Secretaría de Administración”, dice Rómulo.

Omite señalar que las autoridades no solo reclaman el pago indebido de esos contratos, sino diversas faltas que impidieron el manejo transparente de los apoyos. Por ejemplo, en la revisión del contrato DGCYOP/032/2020, la Auditoría Superior de la Federación indicó la ausencia de documentación comprobatoria y la falta de acreditación de entrega a los beneficiarios del programa Bienestar Alimenticio, a cargo de Rómulo Garza.

De acuerdo con la Federación, la Sebien de Garza Martínez no presentó respaldos que acrediten la distribución de 625 mil 019 despensas. Quizás no se encargó de los pagos, pero sí de administrar el padrón y la entrega de apoyos. De este modo, avaló el cumplimiento de Bienestar Alimenticio de 2020 cuando en realidad no apareció ni huella de la existencia de despensas, según la ASF.

Rómulo Garza no está en prisión preventiva solo por el pago de contratos directos; lo está por un entramado que ocultó información del programa de despensas. A la fecha, los funcionarios salientes no han solventado ninguna de las observaciones para justificar el gasto de 156.2 millones de pesos del contrato DGCYOP/032/2020, que cubre solo una parte de lo reclamado.

En cuanto a Ismael García Cabeza de Vaca, indignado porque supuestos funcionarios presionan a Rómulo para que culpe al exmandatario, también tiene cuentas pendientes de 2021. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción reveló un depósito de 2.4 millones de pesos a su favor a través de empresas contratadas por la UAT. El esquema funcionaba así: la universidad realizaba transferencias a Olivas Cof S.A. de C.V., Kipex Servicios Administrativo S.A. de C.V., FX Capital Service e Inmobiliaria y Desarrollos Uranus, y éstas pagaban a Ismael por concepto de sueldos y salarios. Olía a simulación, ya que el hermano incómodo era senador en ese momento.

Las auditorías estatales y federales arrojan indicios de corrupción en las secretarías de Administración y Bienestar Social desde 2019 y no son, por lo tanto, obra de una conspiración actual o de la administración de Américo Villarreal. Son lastres del pasado sin resolverse.

Sin embargo, hay una conspiración en marcha en medios y redes sociales para agitar la opinión pública. Curiosamente, no es contra la administración anterior, plagada de omisiones y derroches, sino contra la presente. Se busca dañar a la Secretaría del Bienestar por pedir la acción penal en contra de los responsables de los pagos injustificados. No es casualidad que Rómulo Garza grabe mensajes y denuncie desde prisión a funcionarios estatales, que lo amplifiquen los medios cercanos al conservadurismo, y que lo replique en sus redes Ismael García Cabeza de Vaca ¡con copia a la embajada de Estados Unidos!

Ellos saben acusar a la Cuarta Transformación de cualquier peso en duda. Pero, si se les acusa de lo mismo, politizan la justicia y se victimizan.