Por Jesús Hernández

RIVAS

*FECC detiene a Enrique Rivas en Austin

*Solicitan al ICE su deportación a México.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) confirmó la localización y ubicación en Austin, Texas, del exalcalde panista de Nuevo Laredo, Óscar Enrique Rivas Cuéllar en un domicilio familiar y ya solicitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) su deportación a México.

El exfuncionario cuenta con una orden de aprehensión vigente por presuntas irregularidades por 50 millones de pesos a las finanzas municipales.

Rivas Cuéllar ingresó a Estados Unidos con una visa de turista y un permiso de internamiento que le permite desplazarse más allá de la zona fronteriza.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas buscan concretar su retorno mediante un procedimiento migratorio de deportación, y no de exportación, por su situación legal en EU.

La solicitud ya fue presentada ante el ICE, por lo que ahora se espera el desarrollo de las gestiones correspondientes para lograr su traslado a México.

La estrategia contempla recurrir a esta vía sin necesidad de iniciar un procedimiento de extradición internacional, aunque las gestiones se mantienen coordinadas con la Fiscalía General de la República (FGR), particularmente con su área de Asuntos Internacionales.

Las diligencias involucran a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que buscan agilizar el procedimiento para que el exalcalde sea puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren.

Rivas Cuéllar enfrenta un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades durante su administración como alcalde de Nuevo Laredo, cargo que ocupó de 2016 a 2021 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

El expediente, identificado como CP 38/2023, está relacionado con la adquisición de un terreno realizada en 2021, operación que, según las investigaciones, habría generado un daño superior a los 50 millones de pesos a las finanzas municipales debido a un presunto sobreprecio.

Los señalamientos incluyen posibles delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades.

En julio de 2025, el exalcalde fue vinculado a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Sin embargo, la presentación de diversos recursos judiciales le permitió permanecer en libertad mientras se resolvían las impugnaciones relacionadas con su situación jurídica.