Con información de Milenio
En Tamaulipas, la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca (2017-2022) fue sujeta a múltiples observaciones por la Auditoría Superior de la Federación. El ente fiscalizador detectó diversas irregularidades que incluyen la falta de documentación comprobatoria del gasto, pagos no sustentados al personal médico e incumplimientos normativos, generando probables daños a la hacienda pública.
Las observaciones iniciaron en 2017, primer año de esa administración, cuando la ASF dispuso la recuperación de recursos por 380.8 millones de pesos. Esta acción se debió principalmente a pagos por remuneraciones a personal de salud no localizado en su área de trabajo, lo que se consideró un probable daño al erario. También se mencionó la falta de documentación comprobatoria del gasto y pagos improcedentes en servicios personales.
Para el ejercicio fiscal 2018, se emitieron observaciones porque al cierre del año no se habían ejercido 71 millones de pesos de los recursos transferidos. La entidad, además, registró inobservancias en la normativa del fondo, principalmente en materia del destino de los recursos, así como de las leyes de Coordinación Fiscal, de Disciplina Financiera y de Gasto Público.
En ese mismo año, se presentaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fassa, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cuarto trimestre difirió del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios.
Durante 2019, se señalaron incumplimientos en materia de transferencia y destino de los recursos. La ASF detectó pagos a 31 trabajadores que no acreditaron los requisitos académicos para sus plazas, como títulos y cédulas profesionales, y 40 más no probaron haber tomado cursos requeridos. También se observó un pago por «Medidas de fin de año» por 650 mil pesos. Estas y otras anomalías generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 4.6 millones de pesos.
En 2020, se pagaron remuneraciones por 12.6 millones de pesos a 33 servidores públicos de los que no se contó con la documentación que acreditara su preparación académica. Al 31 de marzo de 2021, no se había pagado un monto del Fassa por 38.6 millones de pesos. Estas y otras inobservancias generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 50.6 millones de pesos.
Del ejercicio fiscal 2021, se determinaron observaciones por un monto de 195.5 millones de pesos, integrado por la falta de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto y pagos improcedentes en servicios personales.
En 2022, último año del sexenio, se desprendieron observaciones por 2.3 millones de pesos, también por pagos a trabajadores de rama médica que contaban con licencia con goce de sueldo por comisiones en centros de trabajo con funciones distintas a los objetivos del fondo, sin presentar justificación. Derivado de estas auditorías, la ASF ha promovido Pliegos de Observaciones y Responsabilidades Administrativas Sancionatorias.






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