La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza una reforma constitucional para revisar las pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro, pues en algunos casos superan el salario neto de la Jefa del Ejecutivo Federal.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum calificó estas pensiones como ofensivas para el pueblo de México y llamó a los beneficiarios a acercarse a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para alcanzar un acuerdo voluntario que les permita recibir una pensión modesta.

“Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México, un millón de pesos mensuales, imagínense. Mientras muchos trabajadores de Luz y Fuerza quedaron en el abandono, otros reciben pensiones millonarias. Tanto Luz y Fuerza como Pemex están siendo revisados”, afirmó.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que actualmente se destinan 28 mil 74 millones de pesos anuales para cubrir pensiones de 14 mil 73 extrabajadores de Luz y Fuerza, de los cuales 9 mil 457 reciben entre 100 mil y un millón de pesos, y 3 mil 504 superan el salario neto de la presidenta.

En el caso de Pemex, el gasto anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos para un padrón de 22 mil 316 jubilados. De ellos, 544 obtienen más que la presidenta y 618 superan el ingreso anual del director general de la empresa.

Ante esta situación, se instalaron mesas de trabajo con la Consejería Jurídica, el IMSS, ISSSTE, INDEP, Pemex, CFE, la Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría Anticorrupción para revisar la legalidad de estas pensiones, además de homologar padrones, actualizar expedientes y coordinar con registros civiles y Renapo el pase de supervivencia de los beneficiarios.

Buenrostro también informó sobre la investigación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de dos exfuncionarios de Pemex por presuntos sobornos. Señaló que, aunque los hechos datan de administraciones anteriores, la empresa estatal emprendió desde 2020 acciones de prevención, auditorías y sanciones internas.

“Es importante señalar que uno de los involucrados nunca trabajó en Pemex y el otro fue funcionario en gobiernos anteriores, incluso ya había sido inhabilitado. No habrá impunidad en estos casos”, aseguró.