Opinión Pública
Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Falta “apretar tuercas”, fincar responsabilidades sin distinción a los que metieron mano al billete. El tiempo se acaba. El primero de octubre se cumple la primera mitad del gobierno de la transformación: tres años.

Pocos están en la cárcel o camino a algún penal. Los delitos pueden caducar y ellos no son ingenuos. Se les acusa de pillos, no de tontos.

Extraña que, en el affaire cabecista de las finanzas públicas, no haya salido a relucir el nombre de María de Lourdes Arteaga Reyna, exjefa de Finanzas, la que tenía la llave de la canasta de los quesos.

Por sus errores u omisiones —¿con toda premeditación?— el Gobierno de Tamaulipas perdió hasta 175 millones de pesos, por intercambio de flujos (Swaps), con el banco “patito” Accendo, que medio mundo sabía que estaba en quiebra.

Mientras otras entidades que también perdieron, como Puebla, demandaron a los exjefes de Finanzas, en el Nuevo Santander no sabemos que la mujer tenga algún reclamo ante tribunales.

Afirmativo que no se mandaba sola, menos para depositar un billetote que representa el presupuesto anual de varios municipios. Puede decir la verdad en tribunales y su castigo será menor.

El jefe de los dineros de cualquier administración es la persona de más confianza de un alcalde o gobernador, como lo fue Lourdes, colaboradora cabecista desde el funesto gobierno local en Reynosa.

Volviendo al tema, pareciera que la operación fue un “regalo” de dinero público de Francisco “N” a los hermanos dueños y operadores de Accendo, que andaban mal económicamente, o fueron “socios”.

La sospecha de un vil fraude no se olvida. Gobierno convocó el dos de junio y el día 15 asignaba el contrato. Todo muy rápido.

El intercambio de deuda Swap estaba ligado a un préstamo por 1,500 millones que los propios cabezones pidieron a Banorte el 11 de noviembre del 2020. Hábilmente, habían conseguido que Accendo le pagara intereses al banco de Hank Rhon.

Lulú firmó y depositó, con fecha seis de agosto de 2021, la cifra de 139 millones, y el seis de septiembre 42 millones adicionales. Para finales de septiembre del mismo año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la concesión para operar como banca múltiple, por transas.

En total, 179 millones propiedad de los tamaulipecos que “bailaron”. ¿Alguna demanda? La Fiscalía (cabecista) no ha dicho “esta boca es mía”.

El compromiso era por 37 pagarés —intereses generados en 1,093 días— con vencimiento final al 30 de junio de 2024, es decir, más allá de la administración cabecista, pero no alcanzaron a recibir ni el primer abono. A la fecha, poco más de 300 mil pesos siguen pendientes.

La asignación de contrato se firmó el 15 de junio, en un supuesto concurso en que participó el Grupo Banorte, ya viejo cliente de Gobierno del Estado. Los panistas prefirieron al “patito” ¿orden del cabezón? Es la sospecha.

¿Por qué nadie ha sido enjuiciado por este atraco? Hay exsecretarios vinculados por nimiedades, como ocho millones de pesillos. Nadie se acuerda del gran atraco.

¿Cuánta plata recuperada? El seis de junio del 2022 le depositaron al Gobierno del Estado 2.7 millones pagados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como garantía para cada uno de los 400 ahorradores reconocidos. Lo demás “marchó”.

A últimas fechas, en los mentideros políticos se le ha llamado “el robo del sexenio”, un asalto hecho con alevosía y ventaja, con todo el tiempo del mundo en la operación. ¿Cuánto se llevaron los Cabeza? ¿Todo?

Pudieron hacer compromisos con Banorte, que también participó en el concurso. Doña Lourdes se decidió por el “patito” ¿por órdenes de aquel?

Si el gobierno americanista reaccionó por la vía judicial —no lo iban a hacer los del PAN—, pasarán largos años para que los jueces de liquidación de Accendo digan que no hay activos para el compromiso. Dentro de las prioridades no están las instituciones morales como Gobierno. Primero los trabajadores de la institución.

En temas de gobierno y partidos, el Ejecutivo Américo Villarreal se reunió en la gran capital con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, bajo el compromiso de trabajar unidos en la estrategia de seguridad para Tamaulipas.

Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas sigue la estabilidad laboral. El rector Dámaso Anaya Alvarado y el secretario general del SUTUAT, José Luis Castañón Ramos, formalizaron este lunes la firma del Contrato Colectivo correspondiente al año 2025.

Destacó el rector que la firma representa “un claro reflejo de la madurez institucional y el compromiso compartido entre la UAT y el gremio”.

La senadora Olga Sosa Ruiz participó el lunes en el Foro Nacional de Energía organizado por el Senado de la República. Es muy movida, está allá y no descuida el territorio. Puede llevarse el gran premio del 2028.

El 7 de septiembre es la asamblea panista para renovar el comité municipal en Victoria capital, y designación de consejeros estatales y nacionales. El requisito más difícil de reunir, para los suspirantes, es “estar al corriente de sus obligaciones como militante”, ¡las cuotas, apá!

Alcaldes, diputados y regidores deben pagar un porcentaje de lo que ganan: el 10 por ciento de los ingresos mensuales netos. Quedan exentos los que ingresan cuatro mínimos… ¿como quiénes?