La Comuna

José Ángel Solorio Martínez

El alcalde de Madero, Tamaulipas, Erasmo González Robledo, destapó el intento de despojo de terrenos públicos en Playa Miramar: 190 mil metros cuadrados, cuyo precio es de 7 mil pesos por metro, en el que están involucrados políticos como Adrián Oseguera Kernion y —se sospecha— el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a través de interpósitas personas.

Fueron revocadas ocho claves catastrales, dijo.

Faltan cuatro por revertir.

El monto total del atraco pudo haber sido, de no frenarse, una cifra multimillonaria: mil 330 millones de pesos.

La malversación pudo concretarse gracias a la complicidad de notarios del sur de Tamaulipas.

Se infiere que incurrieron en un delito —los fedatarios públicos— porque, siendo concesiones federales, las convirtieron en propiedad privada: las escrituraron con la venia del Registro Público de la Propiedad del Estado.

Otro dato: funcionarios del Registro Público también están involucrados en los fraudulentos movimientos de funcionarios municipales del ayuntamiento de Oseguera Kernion y del gobierno del estado.

Esto se infiere porque los trámites fueron realizados durante el trienio de Adrián. Es decir, antes de 2024.

Aún hay mucha tela de donde cortar.

¿Serán llamados a declarar los notarios?

¿Se revisará el FIAT de esos representantes del gobernador?

¿Seguirán operando en la zona como si nada hubieran hecho?

El asunto reviste un dato grave: ¿cómo mantener la confianza en unos funcionarios que deberían ser ejemplo de rectitud y honradez, toda vez que el gobernador les otorgó su representación y no la desempeñaron con pulcritud?

El hecho sería suficiente para iniciar una limpieza a fondo en la red notarial del estado. Sería prudente terminar con la potestad exclusiva del Ejecutivo estatal de otorgar FIAT al fin de su sexenio a amigos, a abogados sin principios y a mercaderes de la ley.

También la Fiscalía General de Tamaulipas debería intervenir. Es público y notorio: ofertaron los terrenos de oportunidad a 7 mil pesos el metro cuadrado; una ganga, porque los prometían legalmente escriturados.

¿No es un delito?

¿Entonces qué espera el anodino fiscal Eduardo Govea Orozco?

No sólo hay que sancionar a los políticos que se atrevieron a robar esos predios a la nación. Son partícipes en ello notarios y funcionarios del Registro Público.

¿Y el fiscal anticorrupción?

Es tiempo de que desquiten sus descomunales salarios.