Tribuna Abierta

LETRAS PROHIBIDAS

Por Clemente Zapata M.

A poco menos de una semana de la muerte de Dafne, la menor de tan sólo 13 años, en hechos sucedidos dentro de la Academia Militarizada Doenitz, el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco pone sobre la mesa tres aspectos que han causado consternación en la sociedad: la muerte de la menor, originaria de El Mante, no fue natural; el caso se investiga como feminicidio y la causa del fallecimiento fue asfixia.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado fue claro al señalar que la causa técnica de la muerte fue asfixia. Ese dato, escueto y contundente, contrasta con la información que ha circulado en redes sociales y algunos medios de comunicación, de la cual el fiscal se deslindó, al sostener que la institución no contribuirá a la especulación y se apegará a la secrecía del debido proceso.

La investigación se abrió por el delito de feminicidio, lo que descarta la hipótesis de un accidente escolar, como presuntamente intentaron presentar los responsables de la Academia Militarizada Doenitz. No obstante, el fiscal evitó adelantar si existirán responsabilidades civiles o penales para quienes laboraban en la institución.

Hablar de un plantel militarizado en el que una menor de 13 años pierde la vida por asfixia ha generado múltiples cuestionamientos. Govea Orozco ha reiterado que la reserva de la información responde al respeto del debido proceso y a la necesidad de preservar la investigación.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos Martínez, ha exigido justicia. Ante ello, la Fiscalía sostiene que, aunque se actúa con prontitud, las diligencias requieren tiempo y no pueden construirse sobre especulaciones. Se trata de una postura institucional que ha sido recibida con escepticismo por diversos sectores de la sociedad.

También es oportuno señalar que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y procurar justicia conforme a derecho, independientemente de las expresiones de inconformidad o respaldo que existan en torno al caso.

Govea Orozco confirmó que las investigaciones alcanzan a todo el personal de la Academia Militarizada Doenitz. Se presume la participación de cinco personas, entre ellas el director y propietario del plantel, así como otros trabajadores de la institución, la cual permanece clausurada mientras continúan las diligencias periciales.

Para quienes exigen justicia mediante manifestaciones, publicaciones en redes sociales o a través de los familiares de la víctima, surge la interrogante sobre si la cautela con la que se maneja la información protege exclusivamente la investigación o si existe algún otro interés detrás de la reserva procesal.

Lo cierto es que una niña murió asfixiada dentro de una institución que se anunciaba como formadora de disciplina y, luego de casi una semana de los hechos, la Fiscalía apenas se encuentra en posibilidad de emitir una determinación jurídica.

Mientras tanto, la sociedad tamaulipeca observa con desconfianza la manera en que la información se ha dado a conocer, bajo el argumento de evitar especulaciones, en un caso que mantiene vigente la exigencia de justicia por parte de familiares y ciudadanos.