Ciudad Victoria, 14 de abril de 2026. – Proteger a la clase trabajadora de la precariedad y asegurar su viabilidad económica motivó a Luisa Eugenia Manautou Galván, titular de la Secretaría de Administración, a reconfigurar el manejo de los recursos gubernamentales.

Durante su reciente encuentro con legisladores locales, la funcionaria desglosó las razones detrás de un plan de justicia laboral que arrancó al descubrir burócratas con ingresos inferiores al margen legal; una realidad que obligó a intervenir las arcas para dignificar el servicio público.

Este giro radical comenzó a gestarse desde el inicio del actual sexenio y alcanzó su punto clave este año, materializándose en un aumento salarial acumulado del 167 por ciento para los niveles más bajos.

Para lograr esta hazaña sin colapsar el sistema, se diseñó una estrategia integral que incluyó rescatar el sistema de jubilaciones.

A través de mesas de diálogo con los sindicatos, se acordó ampliar la base de cotización mediante aportaciones graduales. Con ello, se logró blindar las reservas frente al impacto de la esperanza de vida y al déficit millonario heredado por administraciones previas. “Los trabajadores no pagan los platos rotos por el desvío que ocurrió anteriormente”, sentenció la secretaria al garantizar que las pensiones se mantienen intactas.

La ruta para liberar la presión financiera de las familias requirió también cortar de tajo las prácticas abusivas de terceros.

Al detectar que financieras privadas asfixiaban al personal con intereses usureros, el Estado suspendió definitivamente esos convenios.

La solución fue activar créditos institucionales de liquidez que hoy permiten a los empleados saldar sus deudas externas con tasas justas, un mecanismo que, en un círculo virtuoso, inyecta los rendimientos generados directamente a su propio fondo de retiro.