Opinión pública
Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En una reciente campaña por la alcaldía capitalina circuló en redes sociales una supuesta hoja de internamiento en la Clínica Oceánica, de Mazatlán, especializada en rehabilitación de adicciones, fechada en 2016.

El documento hacía referencia a una mujer que presuntamente habría recibido tratamiento por consumo de marihuana, alcohol y ansiolíticos. Como responsable directo aparecía su esposo, ampliamente conocido en el ámbito de la abogacía local.

Otro archivo relacionado señalaba que uno de sus hijos también consumía drogas, aludiendo a un video difundido en redes sociales donde el joven aparecía recorriendo en bicicleta la antigua carretera a Tula junto a un amigo.

¿Verdad o mentira? Nunca hubo una aclaración oficial ni desmentido contundente sobre aquellas versiones.

EL TEMA volvió a cobrar relevancia este jueves, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante la conferencia matutina una iniciativa de reforma orientada a impedir que personas vinculadas con actividades criminales o estructuras delictivas puedan aspirar a cargos de elección popular.

LA PROPUESTA contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, con participación del INE y respaldo de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Centro Nacional de Inteligencia.

EL MECANISMO aplicaría para todos los partidos políticos y permitiría advertir si existe “riesgo” o “riesgo razonado” respecto a posibles vínculos de aspirantes con grupos delictivos.

EN TEORÍA, la medida impediría que personajes relacionados con actividades ilícitas lleguen a puestos de representación popular. Sin embargo, surge la interrogante: ¿qué ocurrirá si las acusaciones resultan falsas o forman parte de campañas de desprestigio político?

PORQUE la guerra sucia, las filtraciones y las descalificaciones mediáticas seguirán presentes rumbo a las elecciones de 2027 y 2028.

HOY abundan señalamientos de “huachicoleo” o presuntos nexos criminales sin pruebas concluyentes. Y si bastara únicamente con acusar, pocos partidos tendrían perfiles disponibles para postular.

SIEMPRE existen rivalidades internas, fuego amigo y expedientes personales que pueden utilizarse políticamente, desde conflictos familiares hasta acusaciones administrativas o escándalos privados.

EN TAMAULIPAS, la propuesta federal obligaría también a realizar ajustes legales locales. El Instituto Electoral de Tamaulipas podría incorporar una comisión similar con participación de la Fiscalía General de Justicia, Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior e Inteligencia Financiera estatal.

NO SOLO se revisarían antecedentes relacionados con delitos graves, sino también incumplimientos por pensión alimenticia, violencia familiar, discriminación o violencia política de género.

SIN EMBARGO, queda abierta otra discusión: ¿por qué no incluir pruebas antidoping y alcoholemia obligatorias para quienes aspiren a cargos públicos?

A LO LARGO de los años, han circulado versiones sobre funcionarios relacionados con consumo de sustancias o excesos alcohólicos que, pese a ello, llegaron a puestos de representación popular respaldados por sus partidos.

Y EL problema central persiste: el filtro podría utilizarse como herramienta de persecución política o vendettas personales si no existen criterios jurídicos sólidos.

POR ESO la ciudadanía exige perfiles limpios, pero también investigaciones sustentadas en pruebas reales y no únicamente en rumores, publicaciones de redes sociales o campañas mediáticas.

LA GRAN incógnita será quién tendrá la última palabra para decidir qué acusación procede, qué expediente tiene validez y cuáles denuncias deberán desecharse.

PORQUE el riesgo también existe: que las elecciones terminen definiéndose más por expedientes judiciales —reales o fabricados— que por el voto ciudadano.

Y MIENTRAS tanto, en Ciudad Victoria siguen apareciendo aspirantes rumbo a la sucesión municipal.

AHORA se menciona a Rodolfo Torre de la Garza, hijo de Rodolfo Torre Cantú, quien presuntamente comenzará recorridos por colonias populares.

SE SUMA así a otros actores que desde hace tiempo mantienen actividad política anticipada, como Jorge “Tico” García, quien ha transitado entre distintos partidos sin definir plenamente un proyecto político.

AUNQUE dentro del escenario local también destacan otros nombres con mayor presencia en la estructura gubernamental y política, como Hugo Reséndez, Gerardo Illoldi y Catalyna Méndez.

La carrera apenas comienza.