Ciudad Victoria, 6 de mayo de 2026

Héctor Villegas, secretario general de Gobierno, expuso ante el Congreso local el panorama actual de la movilidad migratoria en la frontera norte, donde la ocupación en los albergues de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo experimentó una reducción drástica. Mientras que al inicio de la gestión estatal se atendía a una población de seis mil 500 personas, las cifras actuales arrojan un censo de poco más de mil migrantes alojados en estos centros. El funcionario explicó que este fenómeno responde a los ajustes en las políticas migratorias de Estados Unidos y a una estrategia de atención humana que priorizó la salud y la educación sobre el hacinamiento.

La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya fue adecuar espacios que anteriormente estaban inhabilitados, como ocurrió con una sección del hospital Alfredo Pomarejo en Matamoros, para dar refugio digno a mil 500 personas en los momentos de mayor flujo. Ante el cambio en las dinámicas de repatriación, el gobierno federal determinó concentrar estos procesos en la zona sur del país, lo que derivó en la desinstalación del centro de atención en Nuevo Laredo y el ajuste de capacidades en los municipios restantes.

«Tamaulipas concentra el 30 por ciento de las repatriaciones del país. Desde que inició el gobierno actual de Estados Unidos, se han repatriado alrededor de 60 mil mexicanas y mexicanos por nuestra entidad, de los cuales cerca de cinco mil son originarios de nuestro estado», detalló Villegas al referirse a la coordinación existente con el Instituto Nacional de Migración.

Esta vigilancia permanente sobre la integridad de quienes transitan por el territorio estatal se extiende también a la salvaguarda de la población ante desastres naturales y contingencias estacionales.

Héctor Villegas y el equipo de Protección Civil mantienen actualmente un control del 90 por ciento sobre un incendio forestal en Miquihuana, el cual ha afectado cerca de 125 hectáreas. El secretario sostuvo que la prevención se ha convertido en el eje central de la dependencia, realizando más de 30 simulacros en lo que va del periodo, una cifra que supera los ejercicios nacionales obligatorios. Esta preparación permitió que, durante el reciente periodo de Semana Santa, la entidad recibiera a más de tres millones de visitantes con resultados positivos en seguridad carretera.

El secretario recordó que, a diferencia de años anteriores donde se registraban decesos múltiples en tramos como el de Zaragoza a Ciudad Victoria, el operativo de este año se saldó con una respuesta favorable de la ciudadanía. El sistema 911 recibió 50 llamadas de felicitación hacia las autoridades por apoyos brindados en carretera, un indicador que, según sus palabras, refleja una recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones de auxilio y seguridad.

La búsqueda de este bienestar colectivo no se limita a la protección física, sino que se desplaza hacia la certeza jurídica y el resguardo del patrimonio de las familias tamaulipecas.

Héctor Villegas y los titulares de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios han intensificado la vigilancia sobre el sector notarial para evitar abusos en la tenencia de la tierra. Durante el último año se efectuaron casi 200 visitas de inspección a las notarías del estado, derivando en 41 quejas formales que se encuentran en proceso de revisión. El funcionario advirtió que no se tolerarán irregularidades que pongan en riesgo el esfuerzo de años de los ciudadanos y que, en casos de detectar daños patrimoniales graves, se ha recurrido a la Fiscalía General de Justicia para interponer denuncias penales.

«No podemos permitir que nadie juegue con los bienes de los demás. Se han tomado cartas en el asunto para, si es necesario, quitar alguna notaría», puntualizó Villegas al hablar sobre la importancia de la fe pública. Este enfoque humanista se complementa con brigadas del Registro Civil en zonas rurales, donde se han localizado personas de más de 70 años que carecían de acta de nacimiento, facilitando así su acceso a programas sociales que han contribuido a reducir la pobreza extrema en el estado en un 50 por ciento entre 2022 y 2024.

Garantizar la identidad y el patrimonio es apenas un peldaño en la mejora de la calidad de vida, pues el entorno cotidiano exige también servicios públicos eficientes y seguros.

Héctor Villegas abordó la problemática del transporte público, reconociendo que el sector enfrentó años de abandono que hicieron insostenible la operatividad de muchas unidades. Tras alcanzar acuerdos con los concesionarios para ajustar las tarifas, el gobierno estatal estableció una hoja de ruta que condiciona los incrementos a la modernización tecnológica. La exigencia actual para los transportistas incluye la instalación obligatoria de sistemas GPS, cámaras de vigilancia y mecanismos de conteo de pasajeros para evitar fugas de capital y garantizar la seguridad de los usuarios.

«El compromiso es que las unidades no solo cambien de imagen, sino que operen bajo estándares de tecnología que ya solicitamos. Es un trabajo de corresponsabilidad donde el estado pone su parte para que el servicio sea rentable para el concesionario y digno para quien va a su trabajo o a la escuela», concluyó el secretario.