Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez

Aún recuerdo mi encuentro con Cynthia Jaime, hoy diputada local, en aquellos tiempos en los que operaba la comunicación del gobierno municipal en Altamira. Llegué con reservas —no eran pocos los señalamientos sobre su trato con reporteros—, pero me encontré con alguien ‘cordial’. Eso sí, con una idea muy clara que, con los años, terminó por tomar forma: me dio a entender que la prensa crítica no era necesaria, no era “la manera correcta” de hacer periodismo. En ese momento parecía una postura personal, una visión aislada dentro de la lógica de quien defiende al poder desde la comunicación institucional. Hoy, con la iniciativa que impulsa desde el Congreso, queda claro que no lo era. Era visión. Era un proyecto.

Porque lo que propone no es cualquier cosa. La creación de un Colegio de Periodistas de Tamaulipas con facultades para emitir “recomendaciones éticas” y, en casos más graves, aplicar un “extrañamiento público” como mecanismo de señalamiento. En términos prácticos, no se trata de censurar ni de prohibir —eso está cuidadosamente blindado en el discurso legal—, sino de algo más sofisticado: generar precedentes reputacionales, marcar a quienes, desde la óptica de ese órgano, se aparten de ciertos estándares. No castiga, pero exhibe. No limita formalmente, pero sí puede condicionar el entorno en el que se ejerce el periodismo.

La iniciativa insiste en que no hay censura, que no se afecta la libertad de expresión ni el ejercicio profesional, y jurídicamente está bien construida para sostener ese argumento. Sin embargo, en los hechos abre la puerta a la consolidación de un árbitro moral del periodismo, un espacio que podrá recibir quejas, analizarlas, emitir resoluciones públicas y, sobre todo, construir narrativa sobre lo que es correcto y lo que no dentro del oficio. Y en un estado donde la relación entre poder y prensa ha sido históricamente tensa, ese tipo de instrumentos no son neutrales, por más que así se presenten.

Aquí es donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve política. Porque la pregunta de fondo no es qué dice la ley, sino quién operará ese Colegio, bajo qué criterios y con qué equilibrios. Es imposible ignorar que Cynthia Jaime forma parte de un entorno político muy cercano al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y que, como ocurre en cualquier nivel de gobierno, la crítica rara vez es bienvenida. En ese contexto, la iniciativa inevitablemente levanta sospechas: ¿se busca elevar el estándar del periodismo o establecer una vía indirecta para contenerlo, en especial para su amigo Erasmo?

Porque el “extrañamiento público”, aunque no tenga efectos legales, sí puede convertirse en una herramienta de presión real. Puede erosionar credibilidad, aislar voces incómodas y establecer límites no escritos sobre lo que es aceptable publicar. Y eso, en política, suele ser más eficaz que cualquier sanción formal. No se trata de lo que está prohibido, sino de lo que empieza a costar decir.

Está bien que cada quien tenga su estilo de comunicar. Hay quien informa, hay quien analiza, hay quien entretiene. Pero lo que no puede hacerse desde el poder es intentar definir qué tipo de periodismo es válido y cuál no, porque en el momento en que eso ocurre, el periodismo deja de ser contrapeso y comienza a ser funcional. Y ese es un terreno peligroso, no sólo para los medios, sino para la vida pública en general.

Cynthia Jaime no viene de un escritorio técnico ni de la teoría jurídica. Viene de los medios. Debe de saber cómo funciona la presión, cómo operan las líneas, cómo se construyen silencios. Por eso sorprende que hoy impulse un modelo que, sin censurar, sí pretende marcar territorio sobre lo que se puede decir y cómo decirlo. Porque cuando alguien que formó parte de los medios de comunicación decide ahora intentar regularlo desde el poder, corre un riesgo evidente: no sólo perder credibilidad, sino darse un balazo en el pie.