Por Emmanuel Delgadillo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Gerardo Illoldi, presentó resultados sin precedentes al lograr la colocación de 13 mil ciudadanos en empleos formales durante el año 2025. A este balance se suma la recuperación de más de 1.400 millones de pesos a favor de las familias mediante las intervenciones del Centro de Conciliación Laboral de la entidad.

Al iniciar la actual administración estatal, la capacidad operativa de las oficinas encargadas de la justicia laboral era nula y se encontraban inoperantes. Actualmente, las dependencias cuentan con la infraestructura para atender a 26 mil personas cada año, y mantienen una tasa de efectividad del 82 por ciento. Esta evolución institucional representa un salto cuántico en la defensa de los derechos de los trabajadores en la región.

Las estadísticas de vinculación superan el doble de los registros de ejercicios anteriores, alcanzando niveles históricos para las autoridades laborales. El gobierno acumula aproximadamente 30 mil personas integradas a espacios formales en el transcurso de su periodo.

Dentro de estos parámetros destaca la incorporación de 737 individuos con diversas barreras para laborar o con alguna discapacidad. Esta cantidad equivale al cinco por ciento del total de la población tamaulipeca que comparte dichas condiciones de vulnerabilidad.

En relación con la economía sumergida, la visión gubernamental establece que la informalidad no equivale directamente a la precariedad en el empleo. «Los trabajos informales exceden por mucho los salarios mínimos y lo que tenemos que hacer es generar condiciones adecuadas», argumentó el funcionario en referencia a las campañas de la Dirección General de Inspección, las cuales se orientan a mostrar los beneficios de la formalización tanto a empleadores como a trabajadores.

Para la salvaguarda de derechos, el estado formalizó el pasado 26 de febrero la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, reuniendo a autoridades de los tres niveles de gobierno. Las directrices federales imponen la prohibición absoluta para que menores de 16 años participen en actividades productivas bajo cualquier esquema.

Las dependencias encargadas de impartir justicia enfrentan una escasez de denuncias formales debido a que la explotación ocurre en círculos cerrados y existe un bloqueo en el entorno. «Lamentablemente tenemos el caso de que no se denuncian muchos de estos delitos porque lamentablemente son promovidos a partir de propios familiares», advirtió el secretario sobre los principales obstáculos para cuantificar y erradicar estas prácticas de trabajo forzado infantil.