Opinión pública
Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía Anticorrupción trabaja lento y a la segura para que ningún “pez gordo” se le escape. Integrar bien los expedientes es fundamental.

Después de meses de trabajo, la gente de Andrés García Repper enfoca sus baterías en agotar la averiguación relacionada con Ernesto Ferrara Theriot, panista de abolengo de Nuevo Laredo, quien habría cometido pecadillos que ameritan cárcel en los años en que fue subsecretario de Atención Social de la SEDESOL cabecista.

De aquella misma frontera hay una paisana suya que probó el fruto prohibido del erario y está sujeta también a proceso. Podrían caer juntos.

El tema Theriot, hasta hace poco presidente del PAN neolaredense, no es menor. Tiene señalamientos de participar en el desvío de 560 millones de pesos que fueron a parar ilegalmente al Tampico-Madero Fútbol Club SAPI.

En el asunto son mencionados dos exfuncionarios de Comunicación Social, Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara, quienes hicieron una “polla” para regalar los billetes al grupo futbolero, al “rasurar” presupuestos de varias dependencias.

Theriot firmó los papeles a nombre de SEDESOL, como cabeza de sector del Instituto del Deporte que comandaba otro de los presuntos implicados, Carlos Fernández Altamirano, de los “dedos chiquitos” de Francisco N, a quien haría diputado y luego candidato —mordió el polvo— a alcalde de Madero.

Nos dicen que las carpetas de investigación están abiertas y avanzan.

Otro chistecito de corrupción que se le atribuye a Ferrara es la corresponsabilidad en torno a los parques de barrio construidos en el gobierno cabecista, que en realidad nunca se terminaron. Firmaba como obras y contratos concluidos cuando era mentira.

Por estas y otras irregularidades, los investigadores de la Fiscalía se darán cuenta si Ferrara llegó propenso a la corrupción o se enseñó a aullar al juntarse con los lobos de Bienestar.

Las denuncias se presentaron a la llegada de la 4T a Tamaulipas. Hay varios expedientes, como el AI-OG/013/2023, 043 y el 044 del mismo año.

Se menciona al neolaredense en otra danza de billetes: en septiembre de 2017, como subsecretario, autorizó y firmó irregularmente la creación de varias “escuelitas” bajo la identidad del equipo jaibo, que es particular.

Así se desviaron millones que llegaron a manos del entonces director deportivo del club, Braulio Rodríguez.

El cuento fue un presunto programa de “desarrollo físico-emocional” para mil 200 niños de entre 5 y 15 años que, según se dijo, se encontraban en riesgo de caer en la violencia que tanto azota al estado.

En ese tiempo, el hoy investigado dijo que “a través de la Jaiba Brava, aquí en Tamaulipas instalamos el programa convivencia para la reconstrucción del tejido social”.

Las academias se instalarían en una primera etapa en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Madero, Matamoros y Mante, pero nunca llegaron. Se llevaron el dinero con toda impunidad.

El saqueo continuó, con el visto bueno también del secretario de SEDESOL, Gerardo Peña Flores.

El largo brazo de la ley parece alcanzarlos. Ojalá la Fiscalía no tarde mucho, porque el sexenio de la 4T avanza y se les pueden pelar.

La sociedad tamaulipeca ha escuchado demasiadas veces la promesa de que “se llegará hasta las últimas consecuencias”. El problema es que esas consecuencias casi nunca llegan.

Si las acusaciones se sostienen, este caso no debería quedar en el escándalo mediático ni en el desgaste político momentáneo. Debería marcar un precedente. Mientras el desvío de recursos no tenga costo real, seguirá siendo una tentación constante en el ejercicio del poder.

La paciencia ciudadana ya no está para más simulaciones; espera resultados en la lucha contra la impunidad.

Y le dimos una vuelta a la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum y los efectos que traerá a Tamaulipas.

Para comenzar, si se aprueba en el Congreso de la Unión, el Congreso cuerudo tendrá hasta el 30 de mayo para replicar las reformas en la Constitución y leyes locales.

Los ayuntamientos contarán entre siete y 15 regidores y un síndico, lo cual se determinará por el número de habitantes.

Quedará a criterio del jefe político —léase Américo Villarreal— si Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero y Altamira se quedan con 15 o menos, junto con los plurinominales.

Hoy tienen 14 de mayoría, siete de minoría, dos síndicos y el alcalde, 24 en total.

Interesante: el Congreso del Estado no podrá tener una asignación mayor al 0.70 por ciento del presupuesto estatal.

Pero, si tiene menos, no podrá elevarse a ese porcentaje ni ahora ni en los siguientes años, solo en la medida de la inflación.

Los ayuntamientos que tengan menos de 15 regidores en total seguirán con los mismos. No podrán aumentar sino mediante acuerdo de mayoría calificada del Congreso del Estado.

Por el sur anduvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Presidió el evento del aniversario de la Expropiación Petrolera en una franja de Veracruz, no en Tamaulipas como inicialmente se dijo.

Asistieron la gobernadora jarocha, Rocío Nahle, y el tamaulipeco Américo Villarreal.