Fuentes fidedignas. Por Isaias Alvarez

Por más que algunos intenten presentarlo como prudencia institucional o respeto a los tiempos procesales, lo que estamos observando en torno a la situación jurídica de Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene otra lectura menos amable y más política: abandono calculado. Porque si la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, sus legisladores federales, sus liderazgos visibles y hasta quienes en el pasado reciente defendían con vehemencia cada movimiento del exgobernador hoy guardan silencio.

La resolución unánime de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocando el amparo que lo protegía y validando la orden de aprehensión girada desde 2021 por delincuencia organizada y lavado de dinero no es un detalle menor ni una anécdota jurídica; es la reactivación formal de un proceso que muchos suponían congelado en la narrativa de la persecución política. Y cuando digo unánime no lo hago como adjetivo retórico sino como dato frío: ningún ministro sostuvo el criterio previo del juez de amparo que, según la propia Corte, había excedido sus facultades al entrar a valoraciones sustantivas propias del proceso penal.

Mientras tanto, en el Congreso local, la diputada Lucero Deosdady Martínez colocó un tema que incomoda incluso más que la orden de captura: el estatus de la nacionalidad del exmandatario y la obligación constitucional de renunciar a otras nacionalidades para ejercer cargos públicos en México. La morenista Ana Laura Huerta Valdovinos acompañó el punto con un argumento sencillo, pero políticamente corrosivo: no se puede asumirse mexicano cuando conviene y extranjero cuando el escenario se complica. Y frente a ello ¿qué vimos?, ¿una defensa técnica sólida?, ¿un posicionamiento articulado de la bancada panista?, ¿una tribuna encendida reivindicando derechos?, nada de eso.

Su hermano Ismael García Cabeza de Vaca votó en contra de la dispensa de trámite y alineó a sus compañeros de bancada, pero sin discurso de fondo, sin narrativa épica, sin confrontación argumentativa. Eso no se llama prudencia; se llama cálculo. Porque cuando el costo potencial de la defensa supera el beneficio electoral, los partidos optan por la distancia.

Desde Estados Unidos, en micrófonos de Fórmula Noticias con Azucena Uresti, el exgobernador insistió en que es víctima de persecución política y reta a debatir fuera del país; el diputado Arturo Ávila respondió que el debate debe darse en México y recuerda que el proceso no es mediático sino judicial. Aquí surge una interrogante que trasciende la coyuntura: si se sostiene que en México no existe Estado de derecho ¿por qué se acudió durante años a los instrumentos de ese mismo Estado para obtener amparos?, ¿en qué momento el sistema es legítimo cuando concede protección y deja de serlo cuando la revoca?, ¿no es esa una narrativa selectiva que termina debilitando la propia defensa?

La orden de aprehensión se reactivará formalmente cuando la sentencia sea notificada al juez de control en Almoloya de Juárez y, a partir de ahí, los tiempos dejarán de ser políticos para convertirse en procesales. Y quizá por eso mismo el PAN (nacional y estatal) guarda silencio, porque entiende que la defensa abierta podría comprometer futuras estrategias, candidaturas o equilibrios internos.

En política el ruido suele confundir, pero el silencio revela. La pregunta no es si existe persecución o no; la pregunta es cuánto respaldo real queda cuando las cámaras se apagan y los micrófonos se retiran. Y en ese terreno, el silencio, lejos de ser neutral, termina siendo una forma discreta de sentencia.

Y si algo confirma el momento político que atraviesa el exgobernador no es solamente la resolución de la Corte ni la reactivación de la orden de aprehensión, sino la soledad que lo rodea. Porque no sólo la dirigencia nacional panista ha optado por el mutis; tampoco se ha visto una defensa frontal desde su propia familia, ni la de sangre ni la política.

Bien dice el refrán que en las buenas sobran amigos, operadores y aliados circunstanciales; el problema es cuando llegan las malas y el teléfono deja de sonar, las tribunas se vacían y las lealtades descubren su fecha de caducidad. Entonces ya no se trata de persecución o narrativa, sino de una realidad más cruda: cuando ni los propios se arriesgan a defenderte, el mensaje es claro. La política es generosa en las victorias, pero implacable en las caídas.