Por Emmanuel Delgadillo

Las comisiones legislativas del estado dieron luz verde a una reforma que endurece las reglas para quienes dejen en el olvido a los adultos mayores, estableciendo la obligatoriedad legal de proveerles alimentos y sustento de manera prioritaria. Esta medida surge tras una serie de casos de abandono que sacudieron la opinión pública en diversos municipios, evidenciando la fragilidad de hombres y mujeres de la tercera edad que carecen de redes de apoyo familiar. El cambio al Código Civil busca que la responsabilidad de los parientes no quede solo en el plano de la buena voluntad, sino que existan mecanismos judiciales efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones básicas de subsistencia cuando los afectados se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema.

Katalyna Méndez impulsa desde el quehacer parlamentario la creación de una nueva ley integral que intenta saldar lo que describe como una deuda histórica con este sector de la población tamaulipeca. La legisladora encabeza los esfuerzos para integrar en un solo marco jurídico los derechos en materia penal, civil, de salud y bienestar, reconociendo que hasta ahora las leyes locales no ofrecían un reconocimiento pleno a las necesidades específicas de la vejez. Méndez explicó que la propuesta legislativa no se limita a la asistencia social básica, sino que introduce agravantes específicos para delitos cometidos contra personas mayores, entendiendo que su condición física y social requiere una protección diferenciada por parte de los tribunales.

El proyecto de ley aborda situaciones que ocurren dentro del seno familiar y que suelen quedar en la sombra, como la violencia económica y el despojo de las pensiones. La normativa contempla que el uso indebido de los recursos económicos de un adulto mayor por parte de sus parientes sea castigado con mayor severidad, protegiendo los ingresos que reciben por concepto de jubilaciones o apoyos gubernamentales. Méndez aseguró que la intención es crear un entorno de seguridad donde el respeto a la autonomía del anciano sea la norma y no la excepción, dotando a los jueces de herramientas claras para intervenir cuando se detecte que los familiares están lucrando con el bienestar de sus ascendientes.

Un eje central de esta iniciativa es el reconocimiento y fortalecimiento de las personas cuidadoras, quienes muchas veces realizan su labor sin apoyo institucional ni capacitación técnica. La ley busca integrar el Sistema Estatal de Cuidados con el esquema nacional, facilitando que quienes acompañan permanentemente a un adulto mayor que no puede valerse por sí mismo tengan acceso a programas de bienestar y salud. Para consolidar esta estructura, se mantienen mesas de trabajo constantes con el sistema DIF Tamaulipas, bajo la coordinación de la doctora María Santiago de Villarreal, con el fin de alinear las políticas de asistencia pública con las nuevas exigencias legales que se pretenden implementar en todo el territorio.

Respecto a las sanciones económicas para quienes evadan sus responsabilidades de cuidado y alimentación, el nuevo esquema se basa en el uso de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La aplicación de estas multas quedará bajo la estricta consideración de los jueces, quienes evaluarán la gravedad del abandono y la capacidad económica de los obligados para fijar las penalidades correspondientes. Méndez sostuvo que el fortalecimiento de las penas en el Código Civil es un paso necesario para garantizar que el derecho a los alimentos sea una realidad exigible. Lo que sigue para el Congreso es el proceso de dictaminación final y la armonización de las leyes penales para que la protección a los adultos mayores sea total, asegurando que el estado cuente con una política de vejez digna que trascienda los periodos legislativos.