Un juez de control en Ciudad Victoria agotó la tolerancia procesal y emitió una orden de aprehensión contra Yahleel “A”, exfuncionaria de alto nivel en la administración estatal anterior. La decisión judicial surge después de que la acusada acumulara cinco inasistencias consecutivas ante el tribunal, dejando vacía la silla de la defensa sin presentar una justificación médica o legal sólida que validara su ausencia. Con este mandato, la también ex candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo pasa oficialmente a ser considerada prófuga de la justicia, lo que activa de inmediato los protocolos de búsqueda y localización para su presentación forzosa ante la autoridad competente.

La carpeta procesal CP/0733/2025 contiene los detalles de una acusación que involucra el manejo irregular de casi mil millones de pesos. Los fiscales sostienen que, durante su gestión, se orquestó un esquema administrativo diseñado para eludir las licitaciones públicas, un requisito de ley indispensable para compras de gran volumen. El expediente central apunta al delito de uso indebido de atribuciones y facultades, una maniobra que presuntamente permitió el desvío de 985 millones de pesos del erario público, recursos que debieron fiscalizarse bajo lupa pero que terminaron asignados mediante mecanismos de excepción.

El rastro del dinero se concentra en la adquisición masiva de despensas durante los ejercicios fiscales de 2021 y 2022. La investigación expone que la Secretaría a su cargo otorgó contratos millonarios a través de adjudicaciones directas, ignorando los topes presupuestales que obligan a abrir concursos públicos para garantizar el mejor precio y calidad al Estado. Esta fragmentación de las compras facilitó, según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, que los recursos fluyeran hacia proveedores específicos sin los controles de transparencia necesarios, configurando un daño patrimonial severo que ahora se reclama en los tribunales de la capital tamaulipeca.

La estrategia de la defensa de postergar las comparecencias terminó por jugar en contra de la imputada. Al sumar la quinta falta, el juez determinó que existía un riesgo fundado de sustracción de la acción de la justicia, validando la solicitud de la Fiscalía para cambiar la situación jurídica de libertad a captura. Para el juzgador, el mensaje de desatención reiterada a los citatorios oficiales frena el avance del proceso y obstaculiza la posible reparación del daño a las arcas estatales, por lo que la medida cautelar tuvo que endurecerse para garantizar la continuidad del juicio.

Este movimiento judicial tensa el escenario para los exfuncionarios de la administración cabecista que enfrentan procesos similares en la entidad. Lo que sigue es el despliegue operativo de los agentes de investigación para localizar a Yahleel “A” y presentarla en la sala de audiencias, donde deberá responder no solo por el presunto desfalco, sino por la evasión de los llamados judiciales. Mientras la búsqueda inicia, el expediente se mantiene como uno de los casos de corrupción más cuantiosos en la historia reciente de Tamaulipas, poniendo a prueba la capacidad del sistema judicial para recuperar los activos desviados.