El comunicador enfrenta cargos graves y permanece en prisión preventiva en espera de audiencia.

En el estado de Veracruz, agentes de la Policía Ministerial, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutaron la detención del periodista Rafael León Segovia, conocido como «Lafita León». Tras el aseguramiento, la Fiscalía General del Estado imputó al comunicador como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, hechos que la organización Artículo 19 calificó como una criminalización directa a su labor informativa.

El proceso judicial registró un avance el pasado 24 de diciembre, fecha en la que se notificó al reportero sobre la imputación de cargos considerados graves dentro del código penal. La investigación que sustentó la captura se originó, según lo documentado por organismos defensores, por hechos vinculados directamente a la cobertura de nota roja que León Segovia desarrolla en el municipio de Coatzacoalcos. Actualmente, el acusado se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se determina su situación legal.

Sobre la actuación de las autoridades, la oficina de Artículo 19 México y Centroamérica emitió un posicionamiento en el que condenó enérgicamente el uso del aparato judicial contra la prensa. La organización expuso que documentó el arresto y advirtió que estas acciones constituyen un mecanismo de intimidación que vulnera los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información.

En relación con el impacto de estas medidas, la ONG mencionó: «Casos como este generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de suma violencia y donde operan redes de macrocriminalidad. El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia».

La entidad defensora explicó que este caso se suma a otros precedentes recientes, como el juicio contra el periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, lo que refuerza la preocupación por el uso político del derecho penal. Ante este escenario, exigieron a la Fiscalía de Veracruz actuar con imparcialidad e independencia, erradicando cualquier práctica abusiva que amenace los derechos humanos de los comunicadores.

La definición de la situación jurídica de Rafael León Segovia se realizará mediante una audiencia programada para el próximo 30 de diciembre. Mientras tanto, se exhortó al Poder Judicial a garantizar el debido proceso y respetar los derechos del imputado durante el litigio.