Por Emmanuel Delgadillo

En el Congreso del Estado de Tamaulipas, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, informó sobre el inicio del análisis legislativo de 330 dictámenes fiscales, incluyendo 13 Leyes de Ingresos municipales que presentan modificaciones, así como la recepción formal del Paquete Económico estatal por parte del secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González. Durante la sesión informativa, los legisladores también abordaron las acciones legales emprendidas a nivel federal en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presuntos delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos.

El diputado Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que la revisión de las propuestas municipales se ha realizado bajo el criterio de no afectar la economía de las familias tamaulipecas, rechazando categóricamente la creación de nuevos impuestos o el incremento de tasas en los 13 ayuntamientos que solicitaron ajustes. Se aclaró que las modificaciones aprobadas corresponden a precisiones en cobros de servicios como protección civil y desarrollo urbano, así como a la armonización con criterios de la Corte para eliminar tributos que invaden competencias federales.

Respecto al presupuesto estatal, se confirmó que el proyecto de egresos asciende a 81 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 5 por ciento en términos reales. Se tiene programada la comparecencia del secretario de Finanzas para detallar los componentes de ingreso y gasto, con la previsión de que el dictamen final sea sometido a votación del Pleno el próximo lunes 15 de diciembre.

En el ámbito de la fiscalización, se presentaron los resultados de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. De un total de 397 informes revisados en este bloque, se reportó un cumplimiento normativo diferenciado: en 2021, 131 entes cumplieron; en 2022, la cifra bajó a 49; y en 2023, se registraron 104 dictámenes positivos frente a 91 observaciones de incumplimiento.

Paralelamente, Prieto Herrera confirmó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los presuntos vínculos de la administración estatal anterior con el «huachicol». El legislador señaló que durante el sexenio pasado se operaron filtros de seguridad sin atribuciones legales, los cuales habrían sido utilizados para extorsionar a transportistas y controlar el flujo de combustible ilícito. Al respecto, mencionó: «Queremos que salga a la luz que los huachicoleros son ellos, que ellos iniciaron este negocio… en ese periodo ya no hubo ninguna detención… yo creo que ahí hubo business».

La bancada legislativa también entregó 100 mil firmas ciudadanas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir celeridad en los procesos judiciales contra el exmandatario. Además, se cuestionó el reciente nombramiento partidista otorgado al exgobernador, calificándolo como una estrategia de protección política. «Es un cinismo de Acción Nacional que a una persona con sus cuestionamientos morales y judiciales la sigan protegiendo… no son perseguidos políticos, ellos se fueron porque tienen cuentas pendientes», afirmó el presidente de la Junta de Gobierno.

Finalmente, los diputados expresaron su respaldo a la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, y confiaron en que la coordinación con la instancia federal y la renovación de la fiscalía local permitirán avanzar en las investigaciones pendientes y combatir la impunidad en el estado.