La definición de la postura oficial frente a las exigencias económicas de agricultores y transportistas se estableció en Palacio Nacional, donde se aclaró que las demandas serán atendidas únicamente si se ajustan a la capacidad financiera del Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la administración no adquirirá obligaciones que comprometan el equilibrio de las finanzas públicas y descartó la viabilidad de cubrir la totalidad de las solicitudes sobre los precios de los granos básicos exclusivamente con fondos federales, dado que los montos requeridos exceden el margen de maniobra del erario.

La estrategia gubernamental prioriza la responsabilidad fiscal ante las presiones sectoriales. Se explicó que, si bien existe disposición para mantener el diálogo y buscar soluciones a los reclamos legítimos, estas deben enmarcarse en la realidad de los recursos disponibles. Bajo esta lógica, se rechazó la posibilidad de establecer precios de garantía elevados para toda la producción de maíz, bajo el argumento de que no existen fondos suficientes para sostener dicha medida sin afectar otras áreas prioritarias.

Al referirse a la ética en las negociaciones y la gestión de las expectativas del sector primario, Sheinbaum Pardo dijo: «No se puede prometer pues lo que no es posible entregar. Nosotros acostumbramos a hacer compromisos, no promesas. Entonces, hay que ser muy responsable qué se puede y qué no se puede». Sobre la petición concreta de los productores, afirmó: «Piden un precio de garantía muy alto para todo el maíz, pues eso no hay suficientes recursos para poderlo cumplir».

Para mitigar el impacto en los ingresos de los productores sin desequilibrar el presupuesto, se planteó un esquema de corresponsabilidad financiera. La propuesta consiste en distribuir la carga económica entre tres actores clave: los compradores privados, los gobiernos estatales y la federación. La titular del Ejecutivo explicó que se busca «que una parte el comprador dé más recursos» y confirmó que diversas empresas ya participan en este proceso para alcanzar un precio competitivo sin depender exclusivamente del subsidio federal.

Las autoridades mantendrán las mesas de trabajo abiertas para concretar estos acuerdos tripartitas, reiterando que la atención a las demandas legítimas continuará siempre que se cuente con la colaboración de la industria y las entidades federativas para complementar los apoyos.