En la Ciudad de México, investigaciones federales derivaron en la emisión de una orden de aprehensión en contra de Raúl Rocha Cantú, propietario de la franquicia Miss Universo, por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y de hidrocarburos. De acuerdo con datos expuestos por el periodista Carlos Loret de Mola, el empresario estableció un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para acogerse a la figura de testigo colaborador, con el objetivo de evitar su encarcelamiento a cambio de entregar información sensible sobre redes financieras y vínculos de corrupción.

El proceso legal cobró forma el pasado 15 de noviembre, fecha en que se libró el mandamiento judicial. Cuatro días después, el 19 de noviembre, la autoridad ministerial formalizó el convenio de colaboración. Se tiene conocimiento de que el imputado tuvo un primer acercamiento con la dependencia desde el 21 de octubre, momento en el que ofreció cooperar con las autoridades para desmantelar la estructura operativa dedicada al contrabando y al suministro de recursos a grupos delictivos.

La carpeta de investigación refiere que la organización encabezada por Rocha Cantú introducía combustible de manera ilegal desde Guatemala, evadiendo los aranceles correspondientes. La logística de distribución operaba mediante centros ubicados en Querétaro, conocidos como «La Espuela» y «El Patio», donde se recibían los carrotanques y se alteraban las mezclas con aditivos. Para estas operaciones mercantiles se utilizaban empresas fachada, entre ellas Tabasco Capital y PTIH, las cuales facilitaban la facturación y el lavado de los activos.

Respecto al trasiego de armamento, la indagatoria de la Secretaría de Seguridad y la FGR indica que se empleaba una red de empresas de seguridad privada, tales como SEGURIMEX y SETER, para adquirir y transportar el equipo bélico. Se documentó que estas armas eran legalizadas mediante registros oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y posteriormente entregadas a organizaciones criminales, específicamente al Cártel del Golfo en Tamaulipas y al Grupo Sombra en Veracruz.

Como parte de las acciones operativas ligadas a este caso, el 18 de noviembre se concretó la detención de Mari Carmen «N», identificada con el alias de «La Fiscal», quien se desempeñaba presuntamente como funcionaria pública y fungía como enlace dentro de la red delictiva.

Este escenario judicial se desarrolla de manera paralela a las controversias que rodean la reciente edición del certamen Miss Universo 2025, donde la victoria de la representante mexicana generó cuestionamientos sobre la transparencia del concurso. Se prevé que la información aportada por el testigo protegido permita a la Fiscalía ampliar las investigaciones hacia otros funcionarios y empresarios involucrados en el esquema de delincuencia organizada.