En las sedes del Poder Judicial de Tamaulipas, se activó un protocolo de organización documental para procesar miles de expedientes acumulados y se clarificó el monto destinado a los finiquitos de la administración anterior. La magistrada presidenta, Tania Contreras López, expuso la situación actual de los juzgados y explicó que las acciones de limpieza buscan revertir el deterioro físico en las áreas de trabajo, además de confirmar que no existen renuncias recientes en el pleno de magistrados.

El programa de reordenamiento administrativo tiene como objetivo dar cumplimiento a un acuerdo del Consejo de la Judicatura establecido en 2018, el cual no se había ejecutado. La medida no consiste en la destrucción arbitraria de documentos, sino en una depuración técnica para conservar únicamente las actuaciones jurídicas relevantes. Hasta la fecha, el personal ha procesado 7,000 expedientes, con la intención de liberar espacio y dignificar los archivos judiciales.

Sobre las condiciones en que se recibió la infraestructura, la funcionaria describió un escenario de descuido material y saturación de papel. Al respecto, mencionó: «Encontramos, yo diría un abandono en las áreas de impartición de justicia, especialmente en los juzgados. Hay mobiliario inservible, hay una sobresaturación de expedientes y es lo que estamos haciendo con este programa piloto».

La estrategia se implementa actualmente en el distrito judicial de Altamira, donde la meta específica es intervenir 40,000 carpetas. A nivel estatal, la proyección es alcanzar los 250,000 expedientes depurados. Estas labores se realizan con la plantilla laboral existente, sin contrataciones adicionales, mediante un esquema de reorganización de tareas.

En el ámbito financiero, se abordó el costo derivado de la salida de juzgadores que no continuaron en sus cargos. Se reportó un egreso de aproximadamente 58 millones de pesos destinados a las liquidaciones de jueces y magistrados. Sobre la fuente de este financiamiento, Contreras López explicó: «Fueron tomados de aquel fideicomiso que se extinguió en aquel momento de la reforma electoral. Es decir, fue la liquidación que se tomó del propio fideicomiso que se ordenó liquidar».

Las autoridades judiciales aseguraron que, tras este proceso de transición financiera, el cuerpo de magistrados actual se mantiene completo y en funciones, sin que se hayan registrado dimisiones en las últimas fechas. Se espera que el programa de depuración continúe su expansión hacia otras sedes judiciales en las próximas semanas para abatir el rezago histórico en los archivos.