Por Emmanuel Delgadillo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En rueda de prensa en el Congreso del Estado, el jefe de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto, dijo que emprenderá acciones judiciales en la Ciudad de México contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y sus excolaboradores. Prieto, acompañado por la Diputada Úrsula Salazar, calificaron las acusaciones recientes sobre la contratación de su esposa en el legislativo como una «guerra sucia» y una «campaña de desprestigio» en represalia por sus denuncias.

Esta campaña es una reacción a su trabajo, mencionó que los ataques «arreciaron» después de que él diera a conocer que emprendería acciones legales por la presunta operación de «retenes» ilegales. Además, mencionó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de República por estos hechos y por un presunto «negocio que traían con el huachicol», y agregó que presuntamente se cobraban «300 dólares por pipa».

El legislador explicó lo que calificó como modus operandi de sus oponentes: «Filtran a sus medios aliados información, fotografías… sin ninguna prueba». Posteriormente dijo, «utilizan estas noticias sin pruebas, y de acuerdo en sus noticias, ellos hacen sus denuncias» para continuar la campaña mediática. «Es una forma de querer callarnos, querer intimidarnos», dijo, «no nos vamos a callar».

En respuesta a los cuestionamientos sobre la contratación de la esposa de Prieto, la Diputada Úrsula Salazar, quien procedió a Prieto en el cargo, tomó la palabra para aclara la situación. Salazar negó que existiera un conflicto de interés y asumió la responsabilidad de la decisión.

«Fue la decisión que tomé de contratar a Verónica», mencionó la diputada. Explicó que la contratación se debió a un proyecto específico de cinco meses para el cual se requería su experiencia en «análisis de diseño, de supervisión de posicionamiento de nuestra página web». Aseguró que el trabajo no fue a beneficio de Prieto, sino «a beneficio de un poder legislativo».

Cuestionada sobre el monto del contrato, la legisladora precisó que fue por «40,000 pesos mensuales» y que el proceso fue documentado legalmente. «Ella dio su factura, está timbrado, está todo transparente. Yo no le veo dónde está el problema», aseguró. Humberto Prieto reiteró: «Todo ha sido transparente, no hay nada que ocultar.

Prieto concluyó que, además de presentar las denuncias penales en la capital del país, solicitará su «derecho de réplica» ante los medios que difundieron la información que califica como falsa.