La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) reveló que investiga dos líneas principales tras el asesinato de Guadalupe Urban Ceballos, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Juan Cacahuatepec. El ataque armado ocurrió la mañana del 6 de noviembre sobre la carretera que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán, cuando la funcionaria salía de la casa de sus padres para dirigirse a la cabecera municipal.

Los trabajos periciales para establecer la mecánica de los hechos permitieron constatar que «se trató de una agresión con arma de fuego perpetrada desde una motocicleta«, según añadió la corporación en un informe. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla precisó que el cuerpo de la funcionaria fue localizado por las autoridades en la mencionada carretera.

Durante la etapa preliminar, la primera hipótesis de las autoridades estatales sugiere la posible participación de un grupo del crimen organizado. Específicamente, se sospecha de una célula delictiva que opera en la frontera entre Oaxaca y Guerrero. Datos proporcionados por el fiscal advierten que, en los últimos meses, se ha registrado la incursión de agrupaciones criminales de Guerrero en San Juan Cacahuatepec.

Una segunda línea de investigación apunta a una «disputa por propiedades inmuebles que mantenía la familia de la víctima«, precisó la Fiscalía en su reporte. En entrevista con MILENIO Televisión, el fiscal Rodríguez Alamilla puntualizó que el conflicto podría estar relacionado con un terreno, del cual aparentemente serían partícipes «familiares de la víctima y otras personas». El funcionario también mencionó que no existen registros sobre amenazas previas contra Guadalupe Urban.

Aunque las autoridades no han detallado la célula específica bajo investigación, el panorama delictivo en la zona limítrofe, conocida como la Costa Chica, ha tenido actividad reciente. El pasado 15 de octubre, la fiscalía oaxaqueña confirmó la captura de Alejandro ‘N’, alias «El Chocorrol», presunto sicario presuntamente reclutado por La Familia Michoacana. Adicionalmente, el 13 de agosto se informó sobre el desmantelamiento de una red de videovigilancia ilegal instalada en San Juan Cacahuatepec, utilizada por células delictivas locales.

Con el fin de agotar todas las posibilidades, la Fiscalía y la Policía Estatal, en cooperación con las secretarías de Marina y Defensa, así como con la Guardia Nacional, desplegaron un operativo de seguridad. Estas instituciones realizan peritajes y entrevistas en la zona para esclarecer el crimen.