Crónicas del Sur | Por José Juan Tomas

Mientras Tamaulipas avanza en la ruta de las reformas que prometen limpiar las viejas prácticas de impunidad, hay nombres que continúan flotando entre los pasillos del poder sin rendir cuentas. Uno de ellos es el de Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, cuya orden de aprehensión sigue pendiente, esperando a que la justicia deje de ser rehén de los amparos y de la protección política.

El diputado Humberto Prieto Herrera lo dijo con claridad: las recientes reformas a la Ley de Amparo buscan precisamente poner fin a ese escudo de impunidad que ha permitido que muchos evadan la acción de la justicia. “Hay que darle tiempo para que se haga reconducente”, expresó. Y sí, el tiempo será el mejor juez, pero la sociedad también exige que las leyes no se queden en letra muerta.

En Reynosa, el discurso del alcalde se ha desvanecido entre promesas incumplidas y un distanciamiento cada vez más notorio con los ciudadanos. La ciudad, que alguna vez fue símbolo de dinamismo económico, hoy parece atrapada entre la inseguridad, el abandono urbano y la desconfianza hacia sus autoridades. Peña Ortiz, en lugar de encabezar soluciones, parece refugiarse en la sombra del amparo y en una narrativa de víctima política que ya pocos compran.

Lo cierto es que mientras el pueblo enfrenta día a día la realidad de los baches, los recortes, la violencia y la falta de servicios, su alcalde se mantiene al margen, protegido más por los vacíos legales que por la confianza ciudadana. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse esa dualidad entre el discurso de transparencia y la práctica de la evasión?

La nueva Ley de Amparo podría ser el parteaguas que muchos esperaban. Si realmente se aplica, el caso de Carlos Peña Ortiz podría convertirse en el símbolo de que en Tamaulipas la justicia ya no tiene excepciones. Pero si nuevamente se dilata, si las influencias y los amparos vuelven a torcer el curso de la ley, el mensaje será devastador: que el cambio fue sólo discurso, no transformación.

En tiempos donde el ciudadano exige resultados y no pretextos, la justicia tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrar que nadie está por encima de la ley. Ni los que fueron, ni los que son.