Por Redacción

El exministro Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, desestimó las críticas sobre la reciente reforma a la Ley de Amparo, asegurando que las modificaciones no son regresivas ni limitan la defensa de los derechos, sino que buscan modernizar el juicio de amparo y evitar su uso para fines ilícitos.

Zaldivar señaló que existe una «campaña de desinformación» que busca hacer creer que las reformas son regresivas. El objetivo primordial de la reforma es hacer el juicio de amparo «más ágil, acortar los plazos en la tramitación y dar un paso decisivo a la justicia digital». El exministro explicó que la ley busca prevenir el uso de la suspensión para alargar actividades indebidas o ilícitas, una práctica que ya se ha ajustado en reformas anteriores.

El exministro aseguró que el interés legítimo «ni se acota ni se redefine», sino que se establecen sus elementos esenciales para mayor claridad. Dijo que «sigue habiendo una defensa plena de los derechos difusos, de los derechos colectivos del medio ambiente».

Se establecieron dos modificaciones para evitar el abuso de la suspensión. La primera para dificultar el combate al lavado de dinero, establece que, en principio no procede la suspensión si la Unidade de Inteligencia Financiera bloquea cuentas. Sin embargo dijo que se protege el «minimo vital» para que la persona pueda pagar salarios e impuestos, y si se acredita el origen lícito del recurso, se otorga la suspensión.

La segunda modificación es para casos donde se impugna una actividad federal que requiere permiso, licencia o concesión, y el particular carece de ella pues la suspensión «estaría sustituyendo a una licencia».

Se aprobó que hay un crédito fiscal firme, las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar de forma individual, sino que se impugnará la resolución final. El exministro aseguró que esto «no afecta la defensa de los particulares ni de los deudores».