EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones

Ya fue aprobada la reforma a la Ley de Amparo, un artero atentado al Estado de Derecho. La aplanadora morenista la pasó por comisiones y luego al pleno de la Cámara de Diputados; en lo general se la llevaron de calle: 335 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones.

La sorpresa en esta votación fue que la exministra y exsecretaria de Gobernación en el sexenio de López Obrador, Olga Sánchez Cordero, se abstuvo de votar y, con esta decisión, prácticamente la van a crucificar; el primer clavo se lo van a enterrar desde Palenque. Ella, como abogada, sabe que la nueva Ley de Amparo deja vulnerables a los ciudadanos que se sientan agraviados por actos de autoridades que violen sus derechos fundamentales.

Otras figuras aliadas a la 4T que pertenecen al Partido del Trabajo, como Greycy Durán y Javier Vázquez, también secundaron a Sánchez Cordero y se abstuvieron de tal ignominia. Pero las que sí tuvieron el valor de votar en contra fueron Ana Erika Santana, del Partido Verde, y Martha Aracely Cruz Jiménez, del PT.

Esta reforma, ahora nueva Ley de Amparo, viene viciada de origen. Los legisladores morenistas intentaron violar la Constitución acomodando un artículo transitorio para que tuviera efectos retroactivos, situación que les tuvo que echar abajo la propia presidenta Claudia Sheinbaum: “hay que respetar la Constitución”, les dijo.

Se supone que las reformas constitucionales son para ampliar los derechos ya reconocidos y adquiridos; en eso consiste el principio de progresividad. En este caso, es al revés: en vez de ir hacia adelante, vamos para atrás como los cangrejos.

El amparo es un medio de control constitucional —perdón, era—. Se supone que funciona como una herramienta jurídica para frenar los abusos de las autoridades, y precisamente el juez de amparo, al otorgar en primera instancia la suspensión provisional y posteriormente la definitiva, protege a los gobernados de un daño que, de no existir “la provisional”, puede llegar a ser irreparable.

Con esta nueva ley, la suspensión provisional queda prácticamente eliminada para asuntos fiscales o de congelamiento de cuentas. De igual forma, queda limitada para casos de interés social o de orden público. En otras palabras, solo los chicharrones de las autoridades y de los gobiernos tronarán.

Organizaciones de ambientalistas, pueblos indígenas, comunidades mayas, colectivos lésbico-gay, entre otros, quedan desamparados, ya que la nueva Ley de Amparo restringe el interés legítimo para que puedan promover un amparo cuando se vean afectados en sus derechos fundamentales.

En contrapartida, según declaraciones del legislador Ricardo Monreal —quien, por cierto, es constitucionalista—, asegura que no habrá ningún efecto retroactivo y que la pretensión con esta nueva legislación en materia de amparo es mantener la protección de los derechos individuales, “pero que se deje de abusar en el caso de protección a personas con recursos y poderes, a los que nunca se les toca”.

El argumento de Monreal tiene sentido. Para muestra, un botón basta: el caso de Ricardo Salinas Pliego, “El Usurero”, que explota a los mexicanos cobrándoles altísimos intereses a través de su Banco Azteca y de sus tiendas Elektra. Este empresario debe miles de millones de pesos al SAT y no paga los impuestos gracias a los amparos que tiene a su favor.

Debería la presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores morenistas buscar la manera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México le restrinjan los permisos con los que opera ese banco usurero llamado Azteca. Así le hizo Vicente Fox al Banco Famsa, situación que llevó a la quiebra a esa empresa. Lo mismo le puede ocurrir al usurero de Ricardo Salinas Pliego, que ya anda de revoltoso —no de revolucionario— pretendiendo ser candidato a la Presidencia de la República. Diría el maestro Catón: “hágame usted el reverendo favor”.

Me salí un poco de la tangente, pero para cerrar este artículo, queda claro que la nueva Ley de Amparo, por querer darle en la torre a los poderosos que evaden impuestos, a los cárteles y narcopolíticos que lavan dinero sucio o a los políticos que se enriquecen con el erario público, se está llevando entre los pies a ciudadanos y organizaciones defensoras de derechos fundamentales. Este es el “daño colateral” de esta nueva legislación.

Los narcos, los empresarios y los políticos poderosos, con un amparo, lograban que les descongelaran sus cuentas, como el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y su hermano Ismael, entre otros muchos. Hoy, eso ya no será posible.

Creo que no había la necesidad de reformar la Ley de Amparo, como lo hizo el nuevo régimen morenista, pues ya tienen al Poder Judicial en su bolsa: son prácticamente sus lacayos. El Ejecutivo engulló al resto de los poderes, y lo que señala Monreal —que los poderosos se salían con la suya para no pagar impuestos y descongelar cuentas— no era porque la Ley de Amparo estuviera deficiente, sino porque las direcciones jurídicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República se les pasaban los términos; por eso perdían los juicios de amparo.

Monreal lo sabe. Además, la suspensión provisional se otorgaba condicionada a garantizar el crédito fiscal. Allí están los juicios, allí están las jurisprudencias. Con esta reforma, queda claro que la jugada fue amarrarles las manos al Poder Judicial —a los jueces federales en materia de amparo— para que nieguen la suspensión provisional. No les importó darle en “la torre” al pueblo que tanto dicen querer.

Con este nuevo Poder Judicial, el único amparo que tendremos será el divino: ¡Que Dios nos ampare!