
Por Oscar Aldrete
Politólogo.
El Sartorino
Entre las agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales se encuentran:
Somos México, encabezada por el experredista Guadalupe Acosta Naranjo; México Republicano, con una ideología de ultraderecha; Transformación que Fortalece a México A.C., liderada por el exintegrante de Encuentro Solidario, José Martínez Iso Pacheco; y Construyendo Solidaridad y Paz, que busca por tercera vez obtener el registro, luego de haber sido Encuentro Social.
Todas enfrentan problemas con el quórum legal y con las afiliaciones, ya sea por duplicidades o porque se encuentran registradas en otras organizaciones partidistas o en formación. Será difícil que cumplan con los requisitos legales y constitucionales que establece la norma hegemónica y la Ley General de Partidos Políticos, que las condiciona a realizar al menos 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales de los 300 distritos uninominales que configuran el territorio nacional.
Conversando con un expresidente del Consejo General del árbitro administrativo electoral en México, estima que, si acaso, una o dos agrupaciones lograrán el anhelado registro nacional. Estas serían Somos México y México Republicano, por los apoyos que respaldan su intención.
El problema de la gobernabilidad y la ineficacia que ha distinguido a la democracia mexicana no se resuelve creando nuevos partidos políticos. En el modelo en el que operan, solo representan otra carga económica para los mexicanos, que somos quienes sostenemos su existencia operativa.
Mi tesis en un congreso latinoamericano de ciencia política, llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, en plena pandemia, giró en torno a la tipología del sistema de partidos en América Latina, con énfasis en mi país, México.
Los partidos son vehículos para que los mexicanos accedan al poder, no para que unos cuantos lo monopolicen. Deben regirse por reglas ciudadanas claras, impedir la permanencia voluntaria de líderes que los tutelan como si fueran su patrimonio y no el de los ciudadanos. En síntesis, se requiere un nuevo contexto operativo en el que las instituciones partidistas dejen de ser un negocio de minorías y se conviertan en verdaderas plataformas ciudadanas para democratizar y eficientar el régimen político.





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