Por Emmanuel Delgadillo

Humberto Prieto, Diputado y Jefe de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, encabeza los esfuerzos para la fiscalización de la administración anterior y la reestructuración del Poder Judicial, con el objetivo de la fortalecer la rendición de cuentas en la entidad.

El Congreso del Estado de Tamaulipas, se encuentra en un proceso de seguimiento a las investigaciones por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos de la administración pasada. Esto se intensificará a medida que la entidad consolida la instalación de un nuevo Poder Judicial estatal, que entró en funciones el 1 de octubre, tras la toma de protesta del Poder Judicial Federal el 1 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha programado la revisión de un amparo relacionado con un exgobernador, una medida que, según el legislador, busca corregir anomalías previas en el sistema judicial.

Los procesos de fiscalización incluyen la labor de una comisión especial dedicada a los presuntos desvíos en la Secretaría de Salud. Este grupo legislativo solicitó información a la Auditoría Superior del Estado, para investigar un presunto desfalco de 343 millones de pesos, un caso distinto de 129 millones de pesos que involucra a la extesorera. La comisión tiene previsto sesionar en los próximas días para revistar la información y determinar los pasos a seguir.

El Diputado Prieto indicó que la justicia «llega, a veces se tarda, pero llega, y sobre todo ya cuando hay gente buena y honesta en el Poder Judicial… el que la hizo la va tener que pagar, esa es la realidad». Respecto a la revisión del amparo por parte de la SCJN, manifestó que el anterior Poder Judicial de Tamaulipas era «corrupto» y que sus integrantes estaban «en contubernio con el PAN y con el PRI».

En cuanto a las próximas acciones legislativas, el Congreso emitirá una convocatoria pública y abierta para la selección Fiscal de Tamaulipas. El proceso se llevará a cabo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 125 de la Constitución local, que requiere la presentación de una lista de seis candidatos al Gobernador. De dicha lista, el Ejecutivo regresará una terna, de la cual los legisladores elegirán al nuevo titular de la Fiscalía. Se prevé que el nombramiento se concrete antes del 15 de diciembre, fecha en que fermina el periodo del actual fiscal