Ciudad de México, 7 de octubre de 2025 – Lo que comenzó como un movimiento legislativo silencioso terminó en un giro obligado. El Senado de la República, dominado por Morena, ahora respalda modificar el artículo transitorio que introduce efectos retroactivos a la recién aprobada reforma a la Ley de Amparo, una medida que había encendido alertas jurídicas y políticas por su posible inconstitucionalidad.

Un artículo añadido de último momento al dictamen del Senado permitía que la nueva Ley de Amparo se aplicara retroactivamente, es decir, afectando juicios de amparo en curso. Esto abrió la puerta a que personas procesadas por delitos graves o actos de corrupción pudieran ver limitados sus recursos legales, incluso si habían iniciado sus defensas bajo el marco anterior.

El artículo provocó un quiebre político inusual: la presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó públicamente de esa redacción, y pidió que la Cámara de Diputados corrigiera el rumbo. En respuesta, los senadores morenistas, que originalmente avalaron el transitorio, ahora coinciden en que debe ser revisado.

La decisión ha enfrentado a figuras clave del Senado con otras del Ejecutivo. Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, reconoció que el transitorio “no va a transitar”. Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, también han señalado que el texto fue agregado sin consenso pleno.

Quien redactó e impulsó directamente el transitorio fue el senador morenista Manuel Huerta, aunque ha evitado responder si lo hizo a petición del ministro en retiro Arturo Zaldívar, actual coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia. A pesar del revuelo, Huerta insiste en que el artículo puede mantenerse, pero corregido.

Desde el Ejecutivo, Sheinbaum dejó clara su postura: su iniciativa original no contemplaba retroactividad, y cualquier alteración al respecto contradice lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

El punto de quiebre llegó este martes, cuando la presidenta pidió “aclarar” el contenido del transitorio desde su conferencia matutina. Dos días antes, legisladores ya habían comenzado a reconocer públicamente que el artículo causaba más confusión que certeza jurídica. Para entonces, la minuta ya había sido turnada a la Cámara de Diputados, que ahora carga con la responsabilidad de corregir o eliminar el texto polémico.

El epicentro del conflicto está en el Congreso, particularmente en las comisiones dictaminadoras del Senado y en la Cámara Baja, donde ya se analiza la redacción del transitorio. Pero también se extiende al Palacio Nacional, pues el contraste entre lo aprobado y lo respaldado por Sheinbaum obliga a revisar los límites de la coordinación entre Poderes.

Modificar leyes procesales en medio de juicios abiertos no solo genera incertidumbre jurídica, sino que pone en riesgo derechos fundamentales. Activistas y organizaciones como el Centro Prodh han advertido que esta reforma —aun sin el transitorio— limita el uso del amparo como herramienta de defensa ante abusos de poder, al restringir figuras como el interés legítimo y la suspensión provisional.

La oposición, por su parte, no ha dejado pasar la oportunidad para denunciar que la retroactividad no es un error técnico, sino un intento de controlar el alcance del amparo. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, y Alejandro Moreno, del PRI, han exigido que se investigue el origen de la cláusula. Ningún legislador oficialista ha asumido la responsabilidad política.

Diputados deberán revisar la reforma completa, no solo el transitorio. Aunque se espera que éste sea eliminado o corregido, persiste el cuestionamiento sobre otros aspectos restrictivos de la nueva Ley de Amparo.

En medio del desgaste político, el mensaje de Sheinbaum fue claro: “Primero, hay que respetar la Constitución”. Ahora falta ver si su bancada también decide escucharlo.