Ciudad de México, 7 de octubre de 2025 – La Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, una iniciativa que endurece los controles sobre agentes y agencias aduanales con el propósito de frenar la evasión fiscal y reforzar la vigilancia sobre el ingreso de productos al país.

La nueva legislación establece requisitos más estrictos para operar en el sistema aduanero mexicano: agentes y agencias deberán contar con patentes o autorizaciones de 20 años, sujetas a renovación mediante certificaciones periódicas. Además, se crea el Consejo Aduanero, un órgano deliberativo presidido por la Secretaría de Hacienda, que decidirá sobre otorgamientos, suspensiones e inhabilitaciones de quienes participen en el comercio exterior.

El objetivo es combatir esquemas como la subvaluación, el contrabando y el “huachicol fiscal”, modalidad en la que millones de litros de combustible ingresan sin pagar impuestos. Según estimaciones oficiales, el país ha perdido hasta 600 mil millones de pesos por este tipo de fraude.

Impulsada desde el Ejecutivo federal, la propuesta fue defendida en el pleno por Carol Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, quien aseguró que la medida busca cerrar los vacíos que permiten que “recursos que deberían ir al Estado terminen en manos privadas o de funcionarios corruptos”.

La bancada oficialista, conformada por Morena y sus aliados, respaldó de forma unánime el dictamen, que fue aprobado tras más de nueve horas de discusión.

El aval en lo general y en lo particular se dio este lunes 7 de octubre, sin que se aceptaran cambios de fondo propuestos por la oposición. Ahora, el dictamen será enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

En la frontera entre lo técnico y lo político. Para el bloque mayoritario, la reforma representa un avance en eficiencia y recaudación. Para los partidos de oposición, el enfoque está desbalanceado: se cargan las responsabilidades al sector privado sin tocar el corazón del problema —la corrupción dentro del propio gobierno.

Yerico Abramo, del PRI, acusó que el Estado se deslinda de su papel fiscalizador. Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, fue más directa: “Los grandes fraudes en aduanas no nacen en ventanillas, nacen en oficinas del poder”.

Porque el sistema aduanero ha sido identificado como uno de los principales focos de evasión fiscal y corrupción estructural en México. La reforma busca blindar el sistema desde su punto de entrada, pero abre preguntas sobre si basta con endurecer controles al sector privado mientras se mantienen intocables los mecanismos de complicidad dentro del aparato público.

El Senado será el siguiente escenario donde se pondrá a prueba si la política fiscal de Sheinbaum logra traducirse en un nuevo equilibrio entre vigilancia, corresponsabilidad y transparencia en las aduanas.