Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Gobierno de Tamaulipas atenderá la reparación del daño a las víctimas de la masacre ocurrida el 5 de septiembre de 2019 en Nuevo Laredo, cometida por policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, en seguimiento a la recomendación 173VG/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, indicó que se espera que la Comisión Estatal de Víctimas emita el dictamen correspondiente para garantizar la reparación del daño a las víctimas indirectas, conforme a la ley. Además, se proporcionará atención médica y psicológica a las personas afectadas, se capacitará en derechos humanos a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública y se realizará la reparación integral del daño.

El expediente CNDH/2/2022/12263/VG señala que los elementos del GOPE actuaron con impunidad bajo las órdenes de Cabeza de Vaca, asesinaron a ocho personas y cometieron violaciones graves a los derechos humanos por el uso ilegítimo de la fuerza y de armas de fuego. Tras los hechos, los policías adscritos al Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) fabricaron pruebas para simular que las muertes ocurrieron en enfrentamientos.

Las víctimas fueron seis hombres y dos mujeres: Severiano Treviño Hernández; Cindy Esmeralda Briseño Chapa; Luis Fernando Hernández Viesca; Juana Jatzel Graciano Magaña; José Daniel Saucedo Hernández; Enrique Pérez Chávez; Jennifer Hazel Romero López; y Wilbert Irrastreto Pérez. Inicialmente, el gobierno estatal informó que las personas eran miembros de un grupo criminal y habían muerto en enfrentamientos con policías estatales, el CAIET y presuntamente el Ejército.

Organizaciones civiles, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de sobrevivientes señalaron que se trató de ejecuciones extrajudiciales, donde las víctimas habrían sido detenidas, torturadas, obligadas a vestirse con uniformes tácticos, trasladadas a otro lugar, se les sembraron armas y posteriormente fueron asesinadas. En agosto de 2022, el gobierno de Tamaulipas ofreció disculpas públicas por los hechos, reconociendo que las muertes fueron presentadas como enfrentamiento con el crimen organizado y que se falsificaron evidencias.