Ciudad de México, 21 de agosto de 2025.- Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció su renuncia a la defensa de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La decisión se debe a la magnitud del caso, las amenazas recibidas y la falta de recursos y respaldo político que le permitan asumir la defensa de manera individual.

“No cuento ni con los recursos ni con la cobertura política, pues es un caso sumamente grande en el que se enfrentan demasiadas amenazas y demasiadas presiones, y es sumamente difícil poder llevar de manera personal este tipo de defensas”, explicó Rosales en entrevista con Animal Político.

El abogado informó que comunicó personalmente su decisión a las madres y padres de los estudiantes, asegurando que la defensa continuará a través del Tlachinollan, el Centro Prodh y otras organizaciones, garantizando el respaldo institucional del caso.

Rosales reconoció los avances obtenidos durante casi 11 años de trabajo, incluyendo la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la apertura de nuevas líneas de investigación tras desmontar la llamada “verdad histórica”. Aun así, subrayó que aún falta esclarecer el paradero de los estudiantes.

El abogado destacó también la importancia de la unidad de las familias y su compromiso con la lucha por la verdad. “Al ponerles mi renuncia, ellos ven un panorama complicado, pero les hicimos saber que lo fundamental es que se mantengan unidos y firmes en la lucha por el esclarecimiento del caso de sus hijos”, señaló.

Por su parte, Abel Barrera Hernández, director del Tlachinollan, reconoció que la salida de Rosales, que se concretó el 15 de agosto, representa un cambio significativo para el equipo que ha acompañado a las familias desde 2012. Barrera recordó que Rosales se incorporará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde tomará protesta el 1 de septiembre.

El director del Tlachinollan indicó que la defensa continuará de manera conjunta con el Centro Prodh, Fundar y Serapaz, y que Isidoro Vicario podría asumir el lugar de Rosales, aunque todavía se definirán los ajustes necesarios.

Asimismo, Barrera señaló que hay apertura por parte del gobierno federal para avanzar en el caso y que las madres y padres sostendrán una reunión el 3 de septiembre con autoridades para definir nuevas líneas de investigación. No obstante, reconoció que, a casi 11 años de la desaparición, los avances sobre el paradero de los estudiantes aún son limitados.