Por Redacción

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue arrestado el 2 de julio en Studio City, California, por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses señalaron que se encuentra ilegalmente en el país y que “se está tramitando su deportación acelerada” para ser entregado a las autoridades mexicanas, ya que “tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), “se cree que Chávez es miembro del cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”. También indicaron que cuenta “con orden de arresto criminal activa”.

En México, la Fiscalía General de la República no ha confirmado la existencia de una orden de captura en su contra.

Chávez Jr. ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2, válida hasta febrero de 2024. El 2 de abril de 2024 solicitó la residencia permanente legal, con base en su matrimonio con una ciudadana estadounidense. Según el DHS, esta persona tiene antecedentes de vínculo con el cártel de Sinaloa por una relación previa con el hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El 17 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) remitió al ICE una denuncia por considerar que Chávez representaba una grave amenaza para la seguridad pública”, indica el comunicado. No obstante, una entrada en el sistema de aplicación de la ley del DHS señaló que no era una prioridad para la administración Biden.

El mismo documento detalla que “el 4 de enero de 2025 la administración Biden permitió a Chávez reingresar al país y le otorgó libertad condicional en el puerto de entrada de San Ysidro”.

Tras identificar “múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en Residente Permanente Legal”, las autoridades estadounidenses determinaron que Chávez se encontraba ilegalmente en el país, y establecieron que podía ser deportado desde el 27 de junio de 2025.