T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González



X.- Propietaria de “Azul Antiguo” demandará al arrendatario Gilberto Moreno

En un tono tajante y sin rodeos, la Licenciada Perla Cáceres Rodríguez, propietaria del restaurante “Azul Antiguo”, afirmó que la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, con premeditación, alevosía y ventaja, fraguó una venganza política en su contra. Según Cáceres Rodríguez, esto ocurrió debido a su parentesco con el Diputado Marco Antonio Gallegos Galván, lo que, en su opinión, motivó la acción de la exalcaldesa de Reynosa.

La denunciante aseguró que todo el proceso de compraventa se llevó a cabo en secreto y a sus espaldas. Por este motivo, anunció que emprenderá acciones legales contra el propietario del inmueble, el arquitecto Gilberto Moreno, argumentando que vulneró su derecho de preferencia en la adquisición del inmueble, tal como lo estipula el Código Civil de Tamaulipas. Explicó que sus abogados ya están trabajando en la presentación de la demanda.

Cáceres Rodríguez sostuvo que la acción legal se fundamenta en que Gilberto Moreno tenía la obligación de informarle sobre la venta del edificio, lo cual no hizo. En consecuencia, defenderá su derecho a la compraventa del inmueble conforme a la ley. Subrayó que no permitirá que el caso quede impune y que ella y su esposo llevarán el proceso hasta sus últimas consecuencias, ya que considera que se vulneraron sus derechos.

La empresaria destacó que el Código Civil de Tamaulipas regula de manera clara la compraventa y el arrendamiento de bienes inmuebles. Aseguró que, por ley, debió recibir la oferta de compra antes de que el edificio fuera vendido a otra persona. Sin embargo, argumentó que la Senadora Maki Ortiz actuó de mala fe en complicidad con el arquitecto Moreno, lo que, a su juicio, confirma la existencia de una venganza política en su contra.

Cáceres Rodríguez indicó que ya tiene definida una estrategia legal para el caso y que confía plenamente en que la ley le dará la razón. Reiteró que su principal argumento es la falta de notificación sobre la compraventa del inmueble, la cual, según ella, se realizó a espaldas suyas entre la senadora y el arquitecto.

La denunciante mencionó que el 11 de febrero fue notificada de manera sorpresiva, vía WhatsApp, por los propietarios del edificio, Carmen Robledo y Gilberto Moreno, sobre la venta del inmueble. Días después, le pidieron personalmente que desalojara el local, ya que la nueva dueña, Maki Ortiz, no quería tener ningún trato con ella.

No obstante, Cáceres Rodríguez respondió que tenía un contrato de arrendamiento vigente y que este debía ser respetado. Aseguró que la ley le otorga derechos como arrendataria y que, tras más de cinco años de renta en el lugar, no permitirá que la desalojen sin seguir el debido proceso. Subrayó que llevará el caso a los tribunales porque considera que la ley está de su lado.

En su opinión, este caso pone en evidencia cómo la Senadora Maki Ortiz utiliza su influencia política y el poder económico que ha acumulado a lo largo de los años para afectar a quienes considera adversarios políticos. Afirmó que la senadora ha instrumentalizado su posición pública para ejecutar venganzas políticas, olvidando que la política y los asuntos personales deben manejarse por separado.

Cáceres Rodríguez enfatizó que este caso tiene una gran relevancia y que su resolución podría sentar un precedente. Aseguró que la madre del presidente municipal de Reynosa deberá enfrentar las consecuencias legales de sus actos y que tampoco podrá evadir su responsabilidad por las cuentas públicas pendientes que tiene que aclarar ante la justicia.

Por hoy es todo, hasta mañana.

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