Emplazan desalojo de Azul Antiguo
Por Hugo Reyna

Detrás de lo que califica como un injusto emplazamiento inmediato para desalojar el espacio que ocupa desde hace cinco años el restaurante “Azul Antiguo”, subyace una fundada sospecha de que la hostilidad contra el establecimiento es una represalia política de la senadora Maki Ortiz Domínguez.

Así lo señala en entrevista exclusiva la propietaria de “Azul Antiguo”, Perla Cáceres Rodríguez, quien relata que el negocio inició operaciones en noviembre de 2019.

“Le dimos a este espacio una ambientación interna y externa con los paraguas, exposiciones pictóricas y esculturas que no tiene ningún otro negocio en la Zona Centro. Como lo expuse en mis redes sociales el pasado 11 de febrero de 2025, mediante un mensaje de WhatsApp se nos informó de la venta del terreno y el área alrededor. Posteriormente, en un encuentro presencial con Gilberto Moreno y Carmen Robledo, con quienes establecimos el contrato inicial de arrendamiento, nos informaron que la senadora Maki Ortiz era la compradora y que no nos otorgaría ninguna clase de permanencia ni trato, por lo que teníamos que desalojar a la brevedad”, explicó Cáceres.

La empresaria reclamó la falta de comunicación y atención, además de que se le negó el derecho de tanto, impidiéndole hacer una oferta de compra del terreno, a pesar de haber sido la primera ocupante de la propiedad y de contar con casi cinco años y medio de arrendamiento. También enfatizó que siempre cumplió puntualmente con el pago de la renta, sin haber recibido observaciones o problemas al respecto.

Venganza política

Perla Cáceres destacó que su restaurante “Azul Antiguo” ha brindado empleo a 17 personas durante varios años, entre ellas una mujer embarazada, por lo que calificó el desalojo como injusto.

Según la empresaria, detrás de este caso hay una clara represalia política de la senadora Maki Ortiz, en respuesta al desempeño de su cuñado, el diputado local Marco Gallegos Galván, quien ha tomado decisiones basadas en su criterio y en el sentir ciudadano contra iniciativas que, asegura, van en detrimento del bienestar de los reynosenses.

“No podemos evadir esa certeza, pues el mismo 11 de febrero, cuando me notifican por teléfono que tenemos que desalojar, coincide con el día en que el pleno del Congreso del Estado reformó la Ley de Ingresos Municipal de Reynosa. Es evidente que esto es una represalia política injustificada, pues yo solo me dedico a mi negocio y actividades personales, sin ninguna relación con la política. No hemos intervenido en estos temas, pero el ánimo de venganza política es evidente”, afirmó.

Pese a la situación, Cáceres aseguró categóricamente que “Azul Antiguo” continuará operando y agradeció las muestras de solidaridad de amigos y clientes, quienes se han pronunciado en contra de lo que calificó como un abuso de poder.

Una historia de abusos

Tras conocerse el caso de “Azul Antiguo”, surgieron otros testimonios que documentan actitudes similares por parte de Maki Ortiz Domínguez.

La empresaria Graciela Ramos Domínguez compartió en redes sociales que, cuando Maki Ortiz era alcaldesa de Reynosa, ocupó durante meses una propiedad de su propiedad sin pagar renta.

Dicho inmueble, heredado de su esposo, el médico José Gómez Alarcón, funcionaba como un complejo comercial y clínica médica en la colonia Rodríguez. En los primeros meses de su administración, Ortiz solicitó en renta la propiedad para instalar allí el Instituto Municipal de la Mujer. Sin embargo, durante seis meses no pagó la renta, acumulando deudas por un periodo adicional.

Tiempo después, el inmueble fue desocupado en forma furtiva para trasladarse a otro local, sin liquidar los pagos pendientes. Tras múltiples reclamos, Ortiz evitó atender la situación hasta que Ramos Domínguez la denunció públicamente en redes sociales y medios de comunicación. Solo entonces, y de mala gana, la exalcaldesa accedió a pagar la deuda.