DÍAS DE REYNOSA

Por Hugo Reyna



“Amena”, como dijera el alcalde de Reynosa, resultó la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Cabildo de Reynosa anoche, en donde dio muestra de su bipolaridad interpretativa de ese ente desconocido y extraño llamado “ley”.

Antes que nada, el “síndrome Karla Luna” cunde entre otros miembros del Cabildo de Reynosa, que al igual que la tercera regidora, exiliada en EUA por su trámite migratorio, optan por no presentarse a las sesiones de Cabildo.

Es el caso de los regidores Ramiro Garza Treviño, Sarahia Guadarrama Hernández y Yadira Delgadillo Chapa, quienes comparten el mismo desinterés en cumplir con sus obligaciones laborales y reafirman su categoría de becarios del Cabildo.

Benito Sáenz Barella, regidor del PRI que llegó por los votos recaudados por el PAN, ahora despotrica y lanza vómito sobre las siglas albiceleste. Aún más, sigue el juego de “palero”, defendiendo la postura del Ayuntamiento frente al tema de los comerciantes ambulantes y, de paso, atacando a los diputados locales de Morena. (Ahí está el video en YouTube).

Afortunadamente, fue el regidor Joaquín Ramírez Cantú quien los trajo de vuelta a la realidad, recordándoles que no pueden evadir su responsabilidad ni justificar que los diputados locales son los que imponen costos, tarifas y cobros por permisos. Como si fuese esa su principal labor en el Congreso del Estado: intervenir en las leyes de ingresos municipales.

Joaquín Ramírez invocó el Artículo 115 Constitucional. ¿Y qué dice?

Pues bien, en su fracción dos establece:
«Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que señalen las legislaturas de los estados, y que en todo caso serán suficientes para atender a sus necesidades».

En su fracción tres, señala:
«Los municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos legales».

Esto significa que son los ayuntamientos, en el ejercicio de sus facultades, los responsables de elaborar y proponer costos de tarifas por concepto de permisos y actividades.

El Congreso del Estado, en el tema de los comerciantes ambulantes, debió en diciembre pasado realizar las observaciones y consultas adecuadas sobre el alza de costos y su impacto.

Solo que en diciembre, los mismos comerciantes ambulantes y tianguistas ni siquiera tenían idea de cómo venían los nuevos costos por permisos.

En síntesis, la ausencia de diálogo, comunicación y la distancia política entre el Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Reynosa son los culpables de esta problemática y muchas más.

Falta de coordinación política

¿Acaso no han leído o escuchado los clamores de los contados organismos camarales autónomos y algunos actores sociales, que han demandado ya una coordinación y comunicación entre ambos?

Esa es la esencia de tanta diferencia y confrontación: cada uno está operando bajo su propia visión política.

Al no tener comunicación, es lógico que haya diferencias y errores que, al final, pagan los reynosenses.

El regreso del PANAUT

En octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) frenaron y declararon improcedente la ejecución del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). ¿Lo recuerdan?

Pues ahora, tres años y medio después, con el desmantelamiento del Poder Judicial, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la desaparición decretada del IFT, se ha planeado un segundo intento de imponer ese padrón en México.

Algunos argumentan razones de seguridad, combate al robo de identidad y hackeo. Motivos que pueden parecer válidos, pero la pregunta es: ¿qué hay más allá?

El hecho de tener acceso al registro de cada número de telefonía celular en el país, información que las empresas prestadoras del servicio deberán proporcionar, coloca a los usuarios en un punto vulnerable en términos de seguridad.

Estamos hablando de acceso a información confidencial y, posiblemente, de espionaje. Esto podría facilitar el seguimiento de llamadas y movimientos de personajes críticos e incómodos políticamente.

El derecho a la privacidad se terminaría, y así, todos estaríamos en un inmenso «Big Brother», donde además de vernos, podrían escucharnos hablar desde un teléfono.