Con información de Animal Político

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tomará el relevo en temas de transparencia y acceso a la información tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), programada para marzo de 2025.

En su reciente reglamento interior, publicado el 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, la secretaría anunció la creación de dos nuevas direcciones: la Dirección General de Plataformas para la Integridad y Transparencia y la Dirección General de Transparencia. Estas oficinas serán responsables de mantener y operar sistemas de transparencia, capacitar a servidores públicos y atender recursos de revisión interpuestos por ciudadanos.

La Dirección General de Plataformas tendrá la misión de garantizar la continuidad operativa de los sistemas de transparencia y colaborar con otras dependencias para identificar mejoras administrativas. Por su parte, la Dirección General de Transparencia se encargará de resolver solicitudes de información y recursos de revisión, aunque no se han detallado los procedimientos específicos para abordar estos temas.

Aún está por definirse si la Plataforma Nacional de Transparencia seguirá activa bajo la administración de esta secretaría. Además, legisladores deberán establecer leyes secundarias para garantizar el derecho ciudadano a la información y la protección de datos personales, cuya discusión comenzará en febrero.

El reglamento también menciona que algunos recursos humanos y financieros de áreas relacionadas con transparencia serán transferidos a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aunque no se ha especificado el alcance de sus futuras actividades en esta materia.

La transición ha generado interrogantes entre especialistas y ciudadanos sobre cómo se garantizará la transparencia en un contexto donde desaparece un organismo autónomo dedicado a esta tarea. Aunque las nuevas direcciones apuntan a cubrir estas funciones, persisten dudas respecto a su independencia y capacidad para gestionar eficientemente la creciente demanda de acceso a la información pública.

El avance de esta reorganización dependerá de las leyes secundarias y de la implementación efectiva de los nuevos mecanismos propuestos por la Secretaría Anticorrupción.