Con información de Milenio

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en sesión extraordinaria el presupuesto para 2025, el cual se ajustará a los recortes realizados por la Cámara de Diputados. Con un monto de 6 mil 219 millones 213 mil 262 pesos destinados para la organización de la elección judicial, el organismo enfrentará uno de los mayores desafíos financieros en su historia.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó confianza en que la reunión programada con la presidenta Claudia Sheinbaum permitirá gestionar una ampliación presupuestal. “La comunicación con la presidencia de la república habrá de rendir frutos favorables para esta institución”, señaló.

El presupuesto total aprobado para el próximo año asciende a 19 mil 645 millones 790 mil 251 pesos, sin incluir las prerrogativas a partidos políticos. Taddei calificó el recorte de más de 13 mil millones de pesos como “descomunal” y el más grande en la historia del instituto, resaltando el reto que esto representa para cumplir con las responsabilidades electorales del INE.

Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala denunció el impacto político de los recortes, advirtiendo que podrían comprometer la calidad del proceso electoral. Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas destacó la magnitud del ajuste presupuestal, comparándolo con la disminución de recursos al Senado, que fue 100 veces menor y aun así generó tensiones significativas entre líderes legislativos.

Diseño de boletas, pendiente en algunos casos

En una segunda sesión, el Consejo General aprobó el diseño de las boletas para la elección judicial, con excepción de las correspondientes a juzgadores de distrito y magistraturas de circuito, cuya discusión quedó pendiente para una futura sesión.

Se propuso abrir una alternativa jurídica que permitiera modificar las boletas si pruebas previas a la elección demostraban la necesidad de cambios, pero esta iniciativa no fue respaldada.

El INE enfrenta el desafío de organizar una elección judicial histórica con recursos limitados, mientras busca mantener los estándares de calidad que caracterizan a los procesos electorales del país.