Con información de animal político

El proceso de selección para los más de 49 mil aspirantes al Poder Judicial en México está tomando un giro riguroso, con la necesidad de realizar más de 40 mil llamadas telefónicas para verificar las cartas de recomendación presentadas por los postulantes. Estas cartas son uno de los requisitos más importantes en la evaluación, y cada candidato debe presentar cinco cartas, lo que resulta en un total de 247 mil 40 páginas de documentos que deben ser revisadas.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo, en colaboración con los comités del Ejecutivo y Judicial, llevará a cabo una «muestra científica» para verificar la autenticidad de las cartas de recomendación. Los firmantes deberán proporcionar sus credenciales de elector, que serán confrontadas con los registros oficiales del Registro Nacional de Electores y el Registro Nacional de Población.

Maribel Méndez de Lara, magistrada y parte del Comité de Evaluación, explicó que esta muestra científica implica realizar llamadas telefónicas a todas las personas que firmaron las cartas. Aunque no se ha revelado el detalle exacto del proceso, se estima que, si cada llamada toma al menos dos minutos, las 40 mil llamadas podrían sumar 1,646 horas de conversación, lo que equivale a 68 días de llamadas continuas.

El Comité Legislativo, compuesto por 50 personas asignadas a la revisión de documentos, se enfrenta a una tarea monumental: revisar los más de 352 mil páginas de los aspirantes en su comité. Esto incluye títulos profesionales, cartas de recomendación y ensayos, sumando en total 642 mil 304 páginas de documentos para ser evaluados antes de la fecha límite, el 15 de diciembre.

La revisión no solo se limita a la autenticidad de las cartas de recomendación, sino que también se cruzará información con diversas bases de datos, incluyendo el Sistema Nacional Anticorrupción, para asegurar que los aspirantes cumplan con los más altos estándares de integridad y honestidad. Méndez de Lara destacó que este proceso es esencial para garantizar que los seleccionados sean personas de buena fama pública, incorruptibles y transparentes, con el fin de fortalecer el sistema de justicia en México.