Con información de Animal político

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que podrían utilizar recursos provenientes de los fideicomisos de los órganos autónomos que están en proceso de extinción, para garantizar el financiamiento de la elección judicial programada para el 1 de junio de 2025.

Monreal explicó que el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para esta elección, de 13 mil millones de pesos, aún está en revisión por parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Destacó que existe la posibilidad de reasignar recursos provenientes de los fideicomisos de organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que cuenta con un fideicomiso de mil 500 millones de pesos.

“Todo eso hay que revisarlo. Sí vamos a reasignar”, declaró Monreal, añadiendo que los recursos de los fideicomisos de los organismos autónomos extintos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, conforme lo prevén los transitorios de la reforma.

El INE, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei, ha insistido en que se respete el presupuesto solicitado para llevar a cabo esta elección histórica. Sin embargo, figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum y la líder de Morena en el Congreso, Luisa María Alcalde, han calificado el monto como un «gasto excesivo».

En reuniones recientes, diputados de Morena y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, han discutido alternativas para reducir los costos de la elección judicial, incluyendo la posibilidad de postergarla hasta octubre de 2025, aunque esta idea ha enfrentado resistencia en el Congreso.

Monreal subrayó que la revisión de los fideicomisos no se limitará al IFT, sino que abarcará a todos los organismos autónomos que están siendo eliminados como parte de la reforma constitucional en curso. Estos recursos podrían ser clave para garantizar el presupuesto necesario para la elección judicial, que representa un hecho sin precedentes en el país.

El proceso de extinción de estos organismos sigue generando controversia, con protestas de organizaciones civiles y opositores que cuestionan el impacto de la medida en la autonomía de las instituciones y el manejo de sus recursos.