En una reunión sin precedentes, integrantes de COPARMEX Reynosa se reunieron con diputados locales para expresar su rechazo a la Ley de Ingresos Municipal 2025, impulsada por el gobierno local, que propone nuevos impuestos para diversas actividades económicas.
La iniciativa aprobada por el Cabildo incluye gravámenes significativos en rubros como cajeros automáticos, sucursales bancarias, tiendas departamentales, telefonía, agencias automotrices, venta de combustibles y salas de cine, bajo el concepto del apartado «G» del Padrón Fiscal Municipal de Unidades Económicas. Estas medidas han generado alarma entre empresarios locales.
El presidente de COPARMEX Reynosa, Dr. Heberardo González Garza, calificó la propuesta como un atentado contra el desarrollo económico de la ciudad y pidió a los diputados ejercer un “voto de sensatez” para invalidar el decreto. Señaló que las disposiciones contravienen la ley de coordinación fiscal, obteniendo respaldo del líder nacional de COPARMEX, José Medina Mora Icaza.
Por su parte, la presidenta de la Federación de COPARMEX Tamaulipas, Ing. Valentina López Hernández, instó a que estas iniciativas busquen promover el empleo y la dignificación laboral en lugar de frenar el desarrollo económico.
Entre los diputados presentes estuvieron Humberto Prieto Herrera (MORENA), presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, quien expresó su preocupación:
«Esta Ley de Ingresos es como una carnicería para el empresariado de Reynosa. Estamos tomando en cuenta sus comentarios y analizando la propuesta en comisiones.»
También asistieron las diputadas Eva Reyes y Magaly Deandar, y los legisladores Armando Zertuche, Marco Galván (MORENA), Juan Carlos Zertuche (Movimiento Ciudadano) y Gerardo Peña Flores (PAN). De los nueve diputados de Reynosa, siete adelantaron que votarán en contra de la ley.
A la reunión también acudieron líderes empresariales, como Norma González de Cobifer, Alfonso Charles de la Asociación Fronteriza de Distribuidores Automotrices, y representantes de la Cámara de Comercio, entre otros miembros del sector privado.
El Congreso analizará la propuesta en comisiones antes de someterla a votación, con el compromiso de evaluar las preocupaciones planteadas por el empresariado.






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