Con información de Milenio

En 2025, México vivirá una transformación histórica con la elección de jueces, magistrados y ministros como parte de la reforma al Poder Judicial. Este proceso, dividido en dos etapas (2025 y 2027), busca modificar la estructura del Tercer Poder de la Unión. Sin embargo, el camino para consolidar esta iniciativa aún enfrenta retos importantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado pasos clave para garantizar el arranque de la reforma, enviando al Congreso de la Unión iniciativas de leyes secundarias para establecer los lineamientos de estas elecciones y reestructurar el sistema judicial.

Primeras leyes secundarias: bases para la elección judicial

El 7 de octubre de 2025, Sheinbaum, acompañada por Ernestina Godoy, Consejera Jurídica de la Presidencia, firmó dos iniciativas para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIM).

Estas reformas, aprobadas y publicadas el 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los jueces, magistrados y ministros serán electos por mayoría relativa y voto directo. La primera mitad del Poder Judicial se renovará en 2025 y la segunda en 2027. Las campañas tendrán una duración de 60 días, con restricciones en el uso de recursos públicos y contrataciones en medios electrónicos, excepto redes sociales sin costo adicional.

Reestructuración del Poder Judicial: nuevas leyes orgánicas

En noviembre, Sheinbaum presentó un segundo paquete de leyes secundarias, incluyendo:

  • Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial: Define el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la reducción a nueve ministras y ministros y la eliminación de sus Salas. También establece las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial para supervisar la actuación de integrantes del Poder Judicial.
  • Ley de Carrera Judicial: Fortalece la Escuela Nacional de Formación Judicial para capacitar no solo a funcionarios judiciales, sino también a integrantes de fiscalías y cuerpos policiales.
  • Ley de Responsabilidades Administrativas: Regula las faltas y sanciones de jueces, magistrados y ministros, con procedimientos claros para actuar en casos de mala conducta, y contempla la posibilidad de remitir casos al Ministerio Público en caso de posibles delitos.

Reformas que generan debate

Estas leyes han suscitado debates en el Congreso, especialmente por los cambios profundos en la estructura del Poder Judicial. A pesar de las discusiones, la coalición de Morena, PVEM y PT logró aprobarlas tras intensas sesiones legislativas.

Con estas iniciativas, el gobierno federal busca sentar las bases para un nuevo sistema judicial que, según Sheinbaum, garantizará mayor transparencia, justicia y libertad.

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