Con información de Milenio

Karina Martínez Jiménez, jueza en el Distrito de Río Grande con sede en Piedras Negras, Coahuila, recibió una suspensión provisional que ordena su reinstalación y el pago de sus salarios retenidos tras denunciar acoso laboral y hostigamiento por parte del Administrador del Juzgado Oral. Martínez, reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres, enfrenta una serie de represalias luego de denunciar formalmente estos actos de violencia laboral, así como de promover un amparo en contra de la Reforma Judicial que busca elegir a jueces mediante voto popular—a lo cual se opone al considerar que compromete la independencia judicial.

La jueza, quien señala que ya había denunciado el acoso verbalmente desde septiembre, solicitó al Consejo de la Judicatura medidas de protección para evitar represalias. No obstante, el 23 de octubre fue suspendida de manera urgente, en lo que considera una represalia directa a sus acciones. A pesar de esto, un juez federal resolvió a su favor, ordenando su restitución y asegurando su derecho a ejercer sin presiones externas. «Dejaría de ser una mujer con firmes ideales de justicia si me retiro. Tengo hijas, familia, y he luchado siempre por defender a las mujeres», declaró Martínez, reafirmando su convicción de continuar su defensa ante estas circunstancias.

El conflicto de Martínez con la Reforma Judicial radica en su preocupación por la falta de imparcialidad que, según argumenta, podría afectar a jueces que fuesen electos popularmente. Martínez destacó que una verdadera reforma judicial debe fortalecer la independencia y no someter a los jueces a intereses políticos. Aunque reconoce deficiencias en el sistema, considera que estas deberían abordarse mediante un proceso participativo que incluya la opinión de abogados, colectivos y asociaciones.

Desde su denuncia, Martínez ha sido blanco de críticas en algunos medios locales, pero confía en que las autoridades federales actúen conforme a derecho y que el Consejo de la Judicatura cumpla con la orden judicial para su reinstalación. “El juicio de amparo finalmente evaluará si hubo una violación a mis derechos, y esa será la última palabra,” concluyó la jueza, quien se acerca a sus 25 años de carrera en el Poder Judicial y, a tres años de su jubilación, reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos laborales y de género.