Por Brenda Ramos

Reynosa, Tamaulipas – El día de ayer se dieron a conocer por lo menos tres nombres de empleados municipales de Reynosa que están al servicio de Maki Ortiz, candidata al Senado por el Partido Verde. Olga Ivette Ortiz Castro como fotógrafa, Juan Carlos Mestas como chofer y Karla Luna la coordinadora de Comunicación Social del alcalde Carlos Peña. Estos son los sueldos de cada uno de ellos, extraídos directamente de la plataforma nacional de transparencia.

Olga Ivette Ortiz Castro, identificada como asistente técnico de comunicación social, quien recibe un sueldo mensual de $14,907.90, complementado con una compensación de $9,273.66. Ortiz Castro fue captada en horario laboral tomando las fotografías de la asistencia de Maki Ortiz en los registros de diputados federales de sus compañeros de partido.

En el caso de Juan Carlos Mestas, registrado como chofer ejecutivo de la oficina del presidente municipal, su paquete salarial asciende a $21,532.20 mensuales, con una compensación adicional de $9,800.70. Medios de comunicación han señalado que Mestas se desempeña como el chofer particular de Maki Ortiz desde que se desempeñaba como diputada federal por el partido Acción Nacional.

También se encontraron los datos de Karla Paola Luna González, cuya última actualización en transparencia data del 30/07/2023 y que, hasta esa fecha, no se conoce que haya presentado renuncia a su cargo de coordinación de comunicación social y pese a esto, acompañó a Maki Ortiz en eventos captada en cámara en Matamoros Tamaulipas dónde también agredió al periodista que la grabó, con un sueldo mensual reportado de $24,147.30 y una compensación de $13,170.74, cifras que resaltan el nivel de remuneración dentro de ciertos sectores del gobierno municipal.

Los lineamientos del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), en particular el Artículo 27, prohíbe explícitamente el uso de recursos públicos, incluyendo personal y bienes del municipio, para actividades proselitistas. Las reglas son claras en cuanto a la prohibición de utilizar vehículos, infraestructura, y otros bienes municipales para campañas electorales, así como el uso de propaganda gubernamental y comisionar personal en horario laboral para proselitismo.