El enfoque principal de estas reformas es establecer regulaciones para el transporte ejecutivo ofrecido a través de las redes de transporte y garantizar la seguridad y la certeza jurídica para los usuarios que utilizan estos servicios.

Entre las modificaciones realizadas se encuentra la reducción de la duración del registro de las empresas de redes de transporte, que pasará de 5 años a un año. Además, se exige que estas empresas tengan un domicilio dentro de Tamaulipas y que los conductores adquieran un certificado de persona operadora de estas empresas.

Una de las medidas más destacadas es la imposición de un impuesto del 2 por ciento por cada viaje iniciado en Tamaulipas por parte de los conductores. Es importante señalar que este impuesto no puede impactar la tarifa cobrada al usuario final.

Las empresas de redes de transporte deben cumplir con una serie de requisitos, incluyendo la entrega de un padrón de vehículos utilizados para prestar el servicio, que debe incluir información detallada sobre cada vehículo y conductor. El incumplimiento en el pago de impuestos resultará en la revocación del registro y la cancelación de la constancia de registro de estas empresas.

Estas reformas entrarán en vigor una vez que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado. La gran incógnita es cómo estas medidas afectarán a plataformas como Uber y Didi, que operan en la región.