La reciente aprobación en el Senado de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de México ha generado un debate apasionado sobre la independencia de los poderes del Estado y la transparencia en el manejo de recursos públicos.

La mayoría morenista respaldó la medida argumentando que algunos de estos fideicomisos carecían de una base legal sólida. Sin embargo, voces críticas, como la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, han expresado su desacuerdo y preocupación por el impacto que esto tendrá en los trabajadores del Poder Judicial y en la autonomía de los poderes de la Unión.

La discusión en el Senado reveló tensiones políticas y polarización en torno a esta reforma. Los opositores alegaron que la extinción de los fideicomisos podría afectar a miles de trabajadores y tendría implicaciones en tratados internacionales, como el T-MEC. Se argumentó que la medida tenía motivaciones políticas y que los recursos podrían utilizarse en programas de mayor relevancia para la sociedad.

Esta decisión del Senado marca un momento crucial en la política y la administración de justicia en México, generando controversia y debates en torno a la independencia de los poderes y la transparencia en el manejo de fondos públicos. La sociedad y los expertos están llamados a seguir observando de cerca los desarrollos y las implicaciones de esta reforma en el sistema judicial del país.