En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de los datos personales es una preocupación constante. El robo de identidad es un delito que no solo implica la apropiación no autorizada de la información personal de un individuo, sino que también puede tener graves consecuencias financieras y emocionales. En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha llamado la atención sobre la necesidad de reformar las leyes para combatir eficazmente este delito.

El INAI señala que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), vigente desde 2010, debe actualizarse para abordar los desafíos actuales en la protección de datos. Josefina Román, comisionada del INAI, destaca que el robo de identidad no solo es un agravio personal, sino también un delito. El INAI tiene la facultad de sancionar el indebido tratamiento de datos personales, pero cuando se comete un delito penal, otras autoridades asumen la responsabilidad de las investigaciones y procesamientos penales.

La propuesta del INAI pone de relieve la importancia de una mayor coordinación entre diferentes dependencias gubernamentales en la lucha contra el robo de identidad. Si bien el INAI se encarga de la gestión adecuada de datos personales, la investigación y persecución de delitos penales recae en la Fiscalía General de la República, Fiscalías estatales y la Guardia Nacional. Además, el sector financiero tiene un papel crucial en la prevención, con la participación de la Condusef y la Profeco.

En su esfuerzo por prevenir el robo de identidad, el INAI ha lanzado la «Guía para prevenir el Robo de Identidad», que proporciona consejos útiles para que las personas protejan su identidad. También ha desarrollado el «Decálogo de Protección de Datos Personales para Personas Adultas Mayores», reconociendo la importancia de proteger a este grupo de la población.

El llamado del INAI para actualizar las leyes y fomentar la colaboración interinstitucional destaca la necesidad de proteger adecuadamente los datos personales de los ciudadanos mexicanos en un entorno digital en constante cambio. El debate sobre la reforma de la legislación y la protección de datos en México es esencial para abordar eficazmente este desafío en evolución constante.