Redacción Tribuna Abierta

El Congreso Local aprueba la creación de dos Vicefiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, una medida clave para desenmarañar casos acumulados durante el actual gobierno y garantizar la rendición de cuentas.

Ciudad Victoria.-El Congreso Local ha dado luz verde a la instauración de dos Vicefiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, estas nuevas entidades se han concebido con el propósito de fortalecer la Fiscalía y poner fin al estancamiento que ha afectado la investigación de denuncias por irregularidades detectadas en el gobierno anterior.

La diputada Presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica, enfatizó la necesidad de tomar medidas concretas ante la falta de resultados y el argumento de escasez de personal en la Fiscalía. Declaró: «Estas figuras tendrán responsabilidades específicas en la investigación y presentación de cargos por delitos relacionados con el manejo irregular de los fondos públicos».

Salazar Mojica también rechazó la idea de que esta reforma tenga como objetivo neutralizar la reinstalación del titular de la Fiscalía. Señaló que los jueces federales en Reynosa han protegido a exfuncionarios y sus cómplices mediante amparos que han permitido la impunidad, violando el marco legal. En particular, abordó el reciente amparo que otorgó la justicia en tan solo dos días, sin escuchar a las partes involucradas y utilizando criterios penales en un asunto administrativo.

La diputada subrayó que aunque la sentencia establece que el Fiscal Anticorrupción suspendido será reinstalado, el Congreso aún no ha sido notificado de la ejecución de esta sentencia. Con la creación de las Vicefiscalías, se espera que se retome la investigación, se lleven los casos ante los tribunales y finalmente se responda a la demanda de justicia de los ciudadanos de Tamaulipas.

Por otro lado, el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano propuso una enmienda crucial a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, añadiendo una fracción VI al artículo 14 que establece: «Haber sido declarado judicialmente sustraído de la acción de la justicia».

Gómez Lozano argumentó que esta adición es esencial, ya que la evasión de la justicia por parte de un servidor público en respuesta a un llamamiento de la autoridad judicial es inaceptable y debe ser una causa grave de destitución.