El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) ha declarado inexistente la violencia política de la mujer en razón de género denunciada por la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, en contra de los legisladores Félix García Aguiar y Luis René Cantú. Esta decisión ha generado críticas y acusaciones de irregularidades por parte de representantes de Morena, incluyendo el representante ante el Consejo General del Ietam, Jesús Eduardo Govea Orozco.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del Ietam, se anunció la resolución que desestimó la denuncia presentada por la diputada Salazar Mojica, quien había alegado que los legisladores García Aguiar y Cantú cometieron violencia política de género en su contra. Ante esta determinación, Govea Orozco manifestó su desacuerdo y adelantó que buscará la intervención de la siguiente instancia jurisdiccional.

Uno de los puntos de mayor controversia radica en la aparente falta de profundidad en la investigación por parte del Ietam. Según Govea Orozco, el proyecto de resolución no abordó adecuadamente los hechos denunciados y, en su opinión, pareciera evitar sancionar a los acusados, lo que podría permitirles aspirar a futuros cargos políticos.

Además, el representante de Morena señaló que el proyecto de resolución ignoró las resoluciones previas del Tribunal, que habían establecido que efectivamente existió violencia política de género en contra de Úrsula Patricia Salazar. Esto, según Govea Orozco, representa una inconsistencia y un incumplimiento por parte del Ietam, ya que se esperaba que el instituto siguiera las instrucciones del Tribunal para investigar y sancionar dicha conducta.

«Lo que interesa es que existe una determinación jurisdiccional que claramente establece que existió violencia política de género en contra de Úrsula Patricia Salazar y esto es algo que preocupa, porque este proyecto de resolución omite considerar que, además, el instituto fue vinculado por dicha resolución para investigar y sancionar esa conducta de violencia, que representa una inconsistencia más, dado que es altamente argumentativo, pero en absoluto objetivo», concluyó Govea Orozco.

La próxima instancia jurisdiccional deberá determinar si la decisión del instituto electoral es final o si se tomarán medidas adicionales en este caso de alto perfil.